La investigación del escándalo de la Faffe

Hay que saludar que sea el propio consejero el que haya tomado la iniciativa al aportar la nueva información, pero resulta insuficiente

La revelación por parte del consejero de Empleo de la Junta de que el ex director gerente de la disuelta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe) disponía de una segunda tarjeta de crédito, a la que pudo cargar en el periodo 2004-2007 gastos personales por valor de 23.000 euros, que luego reintegró, es la gota que colma el vaso de un escándalo que afecta directamente al Gobierno andaluz. Estas nuevas evidencias se suman al hecho ya conocido y de imposible justificación: el uso indebido de los fondos públicos para abonar en 2010, gracias a otra tarjeta, más de 15.000 euros en un prostíbulo de Sevilla. Montante que posteriormente fue repuesto antes de que la entidad financiera ejecutara el cobro.

Hay que saludar, en esta ocasión, que fuera el propio consejero Javier Carnero el que tomara la iniciativa de ofrecer la novedosa información a la Cámara, en este caso a los integrantes de la Comisión de Empleo, que se reunieron para este asunto con carácter extraordinario. Es la mejor fórmula para evitar un goteo de sobresaltos. También que la citada comparecencia se celebrase a petición propia, aunque, asimismo, la habían reclamado el resto de grupos parlamentarios. Finalmente, como por otra parte cabe esperar, el representante del Ejecutivo autónomo aseguró a los parlamentarios que ha solicitado al Gabinete Jurídico de la Junta que se interese ante el banco para que aclare el concepto de los pagos y así trasladarlos a la instancia judicial, donde el ex gerente Fernando Villén deberá prestar declaración el 11 de octubre, como recordó Carnero.

Pero las explicaciones facilitadas hasta ahora resultan insuficientes. Por eso es necesario que el Parlamento andaluz realice una investigación completa, más allá de los delitos penales que puedan apreciarse y que deberán dictaminar los jueces. La lógica de una comisión de investigación en este caso viene justificada por las presuntas irregularidades conocidas. Analizar la política de subvenciones que otorgó la Faffe hasta su desaparición en 2011, como pretende el PP, puede desviar la atención de unos hechos suficientemente graves por sí solos.

Por otra parte, no estaría mal que la Junta aprovechase esta circunstancia para que aclarase a los ciudadanos qué cargos disponen de tarjetas de crédito, quién las autoriza, por qué cantidades, qué conceptos de gasto las justifican, quién supervisa los desembolsos, con qué tipo de control y cada cuánto tiempo. Despejaría muchas dudas.

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