Juicio al fiscal general: el fracaso del Estado

El juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, constituye un reflejo fiel de la profunda crisis institucional que vive España. Es extraordinariamente grave que la vista se esté celebrando y que el banquillo esté ocupado por uno de los más altos representantes del Estado, el teórico máximo responsable del brazo jurídico encargado de defender los intereses de los ciudadanos frente a cualquier delito o a cualquier abuso. García Ortiz ha preferido, en contra de cualquier criterio lógico, aferrarse a su cargo a pesar del daño que le estaba causando al prestigio de la Fiscalía y con ella al conjunto de la arquitectura del sistema democrático. En este caso, casi lo de menos son los hechos que se están juzgando en la vista y que tienen que ver con la presunta filtración de datos privados de un contribuyente que estaba negociando un pacto con el Ministerio Público por la comisión de dos delitos fiscales. El hecho de que el contribuyente en cuestión fuera el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convirtió el caso en un monumental escándalo político azuzado tanto desde el propio gabinete de Díaz Ayuso como desde el PSOE y el Gobierno. Si finalmente se demuestra la culpabilidad del fiscal general en la filtración quedará acreditada su absoluta incapacidad para el cargo. Pero incluso en el caso de que sea absuelto el daño infligido al Estado es algo que no se podrá anular. De los hechos que rodean a este caso se confirma también la total subordinación de la Fiscalía General al poder político e incluso su utilización para la puesta en marcha de operaciones de partido. Este juicio supone, por encima de otras consideraciones, un fracaso del Estado e interpela al resto de los poderes para que separen claramente las funciones de cada cual y las líneas que no se pueden sobrepasar. Va a costar mucho trabajo después del caso de García Ortiz retomar un camino de normalidad en una institución clave para el funcionamiento democrático.