Previsión El tiempo en Sevilla para este Viernes Santo

El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes la declaración de Málaga, Cádiz y Huelva como zonas afectadas "gravemente" por emergencias de protección civil, lo que permitirá "agilizar los trámites y dar una mayor efectividad y rapidez a las ayudas", según el delegado del Gobierno, Antonio Sanz. Estas tres provincias sufrieron hace ahora ocho días las inundaciones por lluvias más graves en Andalucía de los últimos veinte años, que causaron dos muertes por ahogamiento en Estepona y en La Línea, además de cuantiosos daños materiales. La reacción del Gobierno central ante la magnitud de esta tragedia para muchas personas ha sido rápida. También la de otras administraciones públicas, como la Junta de Andalucía, que han dispuesto ayudas económicas y materiales para los damnificados. La labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la coordinación entre instituciones ha sido objeto de elogios y agradecimientos, pero la cuestión no puede quedarse ahí. Hace falta que las ayudas aprobadas lleguen lo antes posible y que se demuestre esa voluntad con hechos, sin prolongar en exceso, sobre todo burocráticamente, la entrega efectiva de esas medidas tendentes a devolver la normalidad a las zonas afectadas. Con todo, hay que ir todavía más allá y, además de esa rapidez en las ayudas, hay que demandar de todas las administraciones que se adopten las medidas para que no vuelvan a repetirse muchas de las imágenes a las que ya estamos demasiado acostumbrados en Andalucía. Es cierto que ante la magnitud de la fuerza de las lluvias resulta difícil hacer frente en ocasiones a los daños que producen, pero en otras sí es posible minimizarlas. Determinadas medidas en materia de infraestructuras o desde el punto de vista urbanístico -en zonas inundables geográficamente expuestas pero en las que existen asentamientos- servirían para evitar muchas tragedias. Por ejemplo en el río Guadalhorce, en Málaga, desbordado hace unos días, lo que ya fue causa de graves inundaciones en 1989 y 2012. No parece lógico que los daños (valorados en esta provincia en 60 millones) hayan afectado a los mismos municipios de las riadas de hace 27 años. Hay que recordar que en 1989 quedó en el aire un plan de defensa forestal en la provincia y que la Junta y los ayuntamientos se han pasado la pelota porque no había fondos europeos. Similares problemas persisten a pesar del paso del tiempo en las riberas del Guadalquivir, en Sevilla, y del Guadalete, en Cádiz, donde todavía hay muchas medidas pendientes. La Naturaleza nos viene avisando desde hace años pero no aprendemos.

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