El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana un nuevo paquete de ayudas ante el aumento de los precios del gas y la electricidad como consecuencia de la guerra en Ucrania. El Ejecutivo cifra en 3.000 millones el gasto que asume la Administración, destinado a beneficiar en teoría a un 40% de los hogares españoles. Es la tercera vez desde marzo que Sánchez acude a las medidas extraordinarias para atenuar el impacto de la crisis por el alza de los precios. Sólo en este apartado unos 20.000 millones, algo menos de dos puntos del PIB nacional. El decreto incluye una nueva tarifa regulada para los hogares con caldera centralizada de gas natural, aumenta el descuento hasta el 65% y el 80% para los usuarios "vulnerables y vulnerables severos" y con carácter temporal se determina una nueva categoría de trabajadores con ingresos reducidos para que se beneficien de un 40% de minoración de la factura de su consumo energético. Poco se puede cuestionar de unas medidas que, como recomiendan organismos como el Fondo Monetario Internacional, se dirigen directamente a aliviar la situación de algunos de los colectivos más desfavorecidos. Aunque se echa en falta que éstas y otras subvenciones similares no aparezcan ligadas a un esfuerzo por fomentar el ahorro de combustible durante los próximos meses, verdadero desafío al que se enfrenta la UE. La propia Alemania también ha abierto el grifo con un paquete de ayudas para empresas y ciudadanos por 65.000 millones. Pero el problema es que Pedro Sánchez combina ese esfuerzo con un presupuesto para 2023 en el que presume del mayor gasto social de la historia. Con peligrosas subidas de impuestos al sector productivo en un contexto de alta inflación, mínimo crecimiento y un déficit que no logrará contenerse en años y que puede elevar la deuda pública española al 112% de su PIB. Demasiados nubarrones para repartir tan alegremente el dinero, aunque 2023 sea un año electoral.