Aunque suele ser denostado en favor de otras fórmulas más de moda, el turismo de sol y playa sigue siendo fundamental para la economía de las provincias costeras andaluzas. Por tanto, cualquier factor que degrade la calidad de las playas tiene un efecto negativo inmediato en unos municipios que, en la mayoría de los casos, dependen en gran medida de la temporada de verano. Como se informó en su día, los fuertes temporales que azotaron a nuestra comunidad durante los meses de febrero y marzo castigaron especialmente las playas de Cádiz y Huelva, que son el destino favorito de cientos de miles de turistas andaluces, españoles y extranjeros. Playas como Chipiona, Sanlúcar de Barrameda o La Barrosa (en Cádiz) o Isla Canela, Nuevo Portil, Mazagón y Matalascañas (en Huelva) sufrieron un duro castigo por parte de los elementos, destrozando sus infraestructuras (paseos marítimos, chiringuitos, duchas...) y privándolas de uno de sus elementos fundamentales: la arena.

Desde que se evidenciaron los destrozos causados por el temporal, quedó patente que era urgente iniciar los trabajos de restauración de nuestro litoral. En este sentido, dieron un ejemplo los empresarios de chiringuitos y sus empleados, que en jornadas maratonianas de trabajo hicieron todo lo posible para tener listos sus negocios para la Semana Santa, el momento más importante del año, exceptuando el verano. Por su parte, las administraciones central y autonómica hicieron públicos votos de colaborar sin reservas en la recuperación de la costa para llegar a julio con las playas en buen estado. La realidad, como era de prever, ha sido muy distinta, y tanto la socialista Junta como el popular Gobierno central se han enfrascado en una pugna política que vuelve a poner de relevancia que los intereses partidistas suelen pesar más en las acciones de gobierno que la búsqueda de la eficacia y el bienestar de los ciudadanos.

Las competencias del litoral corresponden al Estado, pero es la Junta -concretamente, la Consejería de Medio Ambiente- la que debe autorizar la extracción de la arena necesaria para arreglar las playas. Es decir, que la colaboración entre las dos administraciones es fundamental para solucionar el problema. Sin embargo, una vez más, los ciudadanos hemos tenido que asistir a un cruce de acusaciones entre Junta y Gobierno para esquivar su responsabilidad en el retraso del arreglo de las playas. Una pelea inadmisible que perjudica a todos los ciudadanos y que debe cesar inmediatamente.