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FELICITARSE por la estabilidad de un Gobierno pudiera parecer la solemnización de lo obvio, pero en estos momentos no es gratuito. El Gobierno de España que echará a andar este mismo fin de semana arranca sin tener asegurado el apoyo parlamentario, y en buena parte de las comunidades autónomas, la falta de mayoría absoluta está llevando a ejecutivos débiles, sometidos a los vaivenes de partidos minoritarios. No es el caso de Andalucía, donde la alianza entre Ciudadanos y el PSOE está salvando la minoría mayoritaria del partido de Susana Díaz. El Gobierno andaluz acaba de enviar al Parlamento un proyecto de Presupuestos de 2017 que tiene visos de continuidad, puesto que Ciudadanos ha conseguido que el PSOE negocie una armonización fiscal del IRPF en su tramo autonómico para futuros ejercicios. Esto es importante, Andalucía es una de las comunidades autónomas con un menor gasto social por habitante unido a uno de los mayores esfuerzos fiscales. Lo primero se debe al mal funcionamiento del sistema de financiación autonómica, y, lo segundo, en parte ya corregido, a los aumentos que el Gobierno socialista acometió durante la crisis económica. Es deseable que en los próximos años se corrija el desequilibrio, procurando una buena negociación del sistema de financiación y una rebaja de los impuestos autonómicos, que en cualquier caso no debe alterar la mejoría del gasto social conseguido. Después de años de crisis, la sanidad pública andaluza estaba a punto de romper sus costuras, y hechos como los sucedidos en Granada no son ajenos a esto. El Presupuesto de 2017 recoge una mejoría sustantiva en la financiación del SAS, del 5,4%. Es la partida que más crece junto a la Consejería de Educación. Ambos departamentos contratarán a 5.000 profesionales durante el próximo año y, en el caso de los profesores de la enseñanza concertada, se recuperan los últimos recortes de las pagas extraordinarias. Aunque haya ajustes en la eficiencia, ni la sanidad ni la educación se podían permitir más recortes; es necesario que estén mejor dotadas para recuperar la calidad de los servicios. No obstante, y de cara a un futuro, esto debe acometerse mediante una reducción del sector instrumental de la Junta, que aún sigue siendo grande, y de otros organismos que no son propios de los gobiernos, sino del sector privado. La Junta recupera también la inversión pública, aunque ésta sigue siendo aún muy baja: apenas da para aligerar las infraestructuras ralentizadas durante la crisis. Los Presupuestos sí se ajustan a los criterios de déficit y deuda pública solicitados por Bruselas, si bien el gasto en la deuda se dispara al tener que pagar la liquidez al Estado.

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