Editorial
La amnistía, en manos del Constitucional
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La Junta de Andalucía ha comenzado a establecer estrategias coordinadas con otras comunidades autónomas para crear un frente de oposición al intento del Gobierno de establecer un sistema fiscal y financiero de privilegio para Cataluña. La semana pasada estuvo en el Palacio de San Telmo el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, lo que sirvió para que los titulares de las dos autonomías con mayor nivel de infrafinanciación estudiaran líneas de actuación conjunta. Es de prever que esta política se complete en las próximas semanas mediante entrevistas con los presidentes de otras comunidades, a la espera de que antes de final de año se convoque la Conferencia que los reúne a todos ellos. Es lo que toca hacer: el acuerdo entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana para conseguir la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat es un atentado contra la igualdad de todos los españoles y rompe el principio básico de solidaridad entre todos los territorios. Por más vueltas que se le quiera dar y por más tinta de calamar que intenten esparcir los portavoces gubernamentales, se va a romper el modelo para que Cataluña tenga más recursos. Y eso en un sistema que por propia definición es de suma cero significa que otras comunidades saldrán perdiendo lo que la otra gana. Serán, por supuesto, las menos desarrolladas las que se vean más perjudicadas y Andalucía entra, lamentablemente, en ese paquete. Es, por lo tanto, lógico que se cree un frente para defender intereses comunes. Están en juego intereses que afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos y que se traducirían en una merma de servicios esenciales como la sanidad y la educación. Oponerse al chantaje político al que el Gobierno ha cedido no es sólo una obligación institucional por parte de las administraciones afectadas, es también una exigencia ética en defensa de los intereses de sus administrados.
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