Divorcio climático

Como casi todo el mundo sabe ya, a estas alturas, el final de la Cumbre sobre Cambio Climático (COP25), celebrada en Madrid, concluyó sin resultados. Era lo previsible a la luz de los intereses tan variopintos que centraron los debates. Ningún delegado gubernamental ha oído el clamor de lo que pedía la gente en las calles de medio mundo. El divorcio entre lo que le interesa al político y lo que le interesa a la calle ha llegado a su cota más prominente en estos temas climáticos y medioambientales.

Sí, claro, todos los políticos han mostrado solidaridad con los jóvenes, con las organizaciones no gubernamentales, con la sociedad civil organizada contra el cambio climático. Por supuesto, todos hablan de cara a la prensa, de cara a su electorado, pero sin compromisos. Mudos para la esperanza.

No hemos oído a ningún jefe de Estado, a ningún jefe de Gobierno, ni ministro, ni siquiera embajador darles optimismo a todos los que han gritado contra la tiranía de una economía basada en el carbono, en la sobreproducción, en el consumismo excesivo. Tenían una oportunidad de oro en el marco de una conferencia diplomática donde se comprometieran a luchar contra el cambio climático, sin perjudicar el desarrollo razonable.

Ninguno ha liderado el rugido de la calle, sabiendo que en pocos días, el 1 de enero de 2020, debe comenzar el recuento y la ejecución del Acuerdo de París (12 diciembre 2015). No olvidemos que hasta la fecha, lo han ratificado 187 estados de los 197 estados partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entrando en vigor el 4 de noviembre de 2016 (por cierto, para España entró en vigor el 12 de enero de 2017). Este Acuerdo de París ya se ha quedado obsoleto para el galopante termómetro del cambio climático.

Soy consciente que el principio general que rige el derecho medioambiental (responsabilidades compartidas pero diferenciadas) obliga a que cualquier acción global climática tenga "que reflejar la equidad y el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales" (art. 2-2 del Acuerdo de París).

Estados como Australia, Brasil, China o India (junto a Estados Unidos) se han convertido en Estados muy contaminantes, con gran capacidad de desarrollo a costa de los combustibles fósiles y con importantes intereses estratégicos. Estados menos implicados en las emisiones de CO₂ a la atmósfera no disponen de capacidad de negociación, ni siquiera Estados fuertes como Colombia o Perú. Otros como Arabia Saudí o Qatar tienen poco interés en que se reduzca el uso del petróleo como combustible. Los estados pequeños no tienen ni siquiera altavoces para levantar su voz.

Y la Unión Europea, otrora líder absoluto en la lucha contra esta tragedia climática, hoy solo mira y de reojo a la adaptación. Sí, es verdad España dispone de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2006) que se ha actualizado a través del Tercer Programa de Trabajo (2014-2020), actualmente en vigor y que se adapta a la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático (2013). Pero se trata tan solo de adaptación y, además, ni siquiera es un plan ambicioso, sino cicatero e interesado. Lleno de palabras, muchas palabras. Sin acción.

En 2023 se deberá hacer el primer balance mundial de los resultados del Acuerdo de París, de tal manera que se puedan actualizar y mejorar los planes nacionales y aumentar la cooperación internacional. Sin embargo, la COP25 debería haber llegado mucho más allá porque la ciencia repite incansablemente que el cambio climático lleva a una deriva mucho más peligrosa de la que se creía cuando se adoptaron las tímidas reglas del Acuerdo de París, por lo que hay que ser mucho más exigente. En el documento final de la COP25 no se apela al esfuerzo de los Estados Partes para presentar planes de reducción más ambiciosos que los determinados en París. Los objetivos actuales ya no son suficientes para que el calentamiento global no supere el 1,5º C, umbral señalado por los científicos como el máximo razonable para que no tenga efectos aniquiladores.

La COP25 no ha sido capaz de establecer un mercado de carbono de carácter internacional justo para todos. Tampoco establecer medidas financieras para recuperar pérdidas o restablecer daños provocados por el cambio climático en aquellos Estados que no están en condiciones de hacerlo.

Todo se deja a la voluntariedad de las partes para que amplíen sus compromisos nacionales, pero todos sabemos que ese es precisamente el problema, la falta de voluntad política. No hay ambición climática porque en el fondo los políticos (y, por supuesto, los agentes económicos) no tienen conciencia de la cruel realidad que se nos avecina.

Los jóvenes han declarado ya su deseo de ruptura de la convivencia con políticos insensibles a sus preocupaciones y a su futuro. Este divorcio puede ser revolucionario, o no, pero, en todo caso, la naturaleza siempre ha sido muy sabia y siempre ha sabido castigar todos los excesos. El problema será el precio que debe pagar la humanidad por el disparatado sistema de producción y consumo actuales.