Inmigración y derechos humanos

La piedra de toque de los derechos humanos en nuestro tiempo es el trato que dispensamos a los inmigrantes. Cientos de personas que huyen del empobrecimiento y la violencia en sus países buscan en Europa el lugar donde poder desarrollar sus sueños. Personas que sólo cuentan en su haber, la mayor parte de ellas, el ser personas, sus capacidades y su propia creatividad. Pero a su llegada a Europa tropiezan con la dura realidad de las muchas zonas oscuras de los derechos humanos que se alargan en nuestra sociedad.

Si el inmigrante es subsahariano, la primera acogida suele ser su salvación, una redención de la muerte segura. La red de centros de primera acogida, en España, es importante. Pero pronto, en cuanto salen de esos centros para vivir entre nosotros comienzan los problemas. Si el inmigrante es latinoamericano y llegó con visado de turista pero con intención de quedarse entre nosotros trabajando, los problemas comienzan de manera inmediata; aunque vengan en situación de refugiados políticos, perseguidos por las dictaduras de sus propios países, su situación es de franca desprotección. Los inmigrantes económicos sin permiso de residencia y sin permiso de trabajo viven una situación de irregularidad administrativa que los expone a todo tipo de explotación y abusos. Las chabolas de plástico incendiadas de las últimas semanas en los campos freseros de Huelva sólo son la parte más mediática de esta explotación, aunque pocos se hayan preguntado por qué viven estos migrantes en condiciones inhumanas. Los solicitantes de protección internacional viven esa misma situación en tanto su solicitud no se ve atendida ni resuelta, proceso que se prolonga durante meses, incluso años. En nuestros propios pueblos y ciudades, vecinos nuestros, están viviendo sin tener reconocido uno de los más básicos derechos humanos: el derecho al trabajo.

Decía Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo que el mejor criterio por el que decidir si alguien se ha visto expulsado del recinto de la seguridad jurídica es preguntarle si se beneficiará de la realización de un delito. Si un pequeño robo puede mejorar, al menos temporalmente, su posición legal, se puede tener la seguridad de que ese individuo ha sido privado de sus derechos humanos. Y así viven los migrantes sin permiso de trabajo o residencia en nuestras ciudades. Y no se puede decir que no hay trabajo para ellos, puesto que a las dos o tres semanas de su llegada a España, las mujeres latinoamericanas pueden encontrar trabajo cuidando ancianos o niños, normalmente de internas en algún hogar. Pero no pueden tener contrato de trabajo, ni derechos laborales y se encuentran al pairo de los abusos de sus empleadores. Abusos que llegan en forma de salarios de pura explotación (2 o 3 euros por hora trabajada), en forma de privación de los días de descanso o las vacaciones estipuladas. Los varones también encuentran pronto trabajo en el sector agrícola, aunque para ello tengan que pagar por el uso de un número de la seguridad social que no es suyo. En ambas situaciones de explotación, infringiendo el explotado la ley llegando a poder sufrir una sentencia condenatoria sin haber llegado siquiera a cometer un delito, tal y como denunciaba Arendt, la filósofa ya citada. El colmo de la falta de derechos se da cuando por falta de recursos económicos han de vivir varias familias en un piso, alquilando cada una de ellas una habitación, sin que el dueño del inmueble quiera firmarles los papeles del empadronamiento… Entonces encuentran dificultades, incluso para ir al Centro de Salud. Sin permiso de residencia, sin permiso de trabajo, sin empadronamiento, sin tarjeta sanitaria se convierten en seres invisibles, en fantasmas legales, que conviven con nosotros. Al dolor de la separación de sus seres queridos y de la pobreza económica se une la inseguridad jurídica radical de no ser nadie en el país en el que viven y en el que trabajan y al que enriquecen.

El libro citado de Arendt describe con profundidad admirable la situación de los apátridas económicos y políticos de los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y lo terrible es que, en muchos aspectos, se asemeja sorprendentemente a la situación de los migrantes que trabajan en nuestro país. Es imprescindible, por el bien de los más débiles y por la salud democrática de nuestra sociedad adaptar la legislación vigente a la situación social actual. Si los migrantes pueden encontrar un trabajo con el que benefician a nuestra sociedad con su esfuerzo, cómo es que no tienen forma de encontrar amparo legal a esa actividad. La legislatura que se iniciará en estos próximos meses tiene la tarea de ir eliminando estas zonas de sombra de los Derechos Humanos en nuestra sociedad. Éste es un compromiso firmado por el gobierno español en el Pacto Mundial sobre Migración, aprobado en la Conferencia Internacional de Marrakech, en diciembre de 2018. Urge que los compromisos asumidos por una mayor justicia con el más débil se implementen adecuadamente y sin dilación.