Majarabique, lecciones de una polémica

La polémica que durante semanas ha contaminado las relaciones entre sectores empresariales e instituciones públicas en relación con el proyecto de Majarabique y la concesión que ha logrado el Puerto de Huelva para explotar la infraestructura ferroviaria, nos ofrece una extraordinaria oportunidad para reflexionar y sacar conclusiones en aras de los intereses comunes de cuantos anhelamos el mejor futuro para Andalucía.

En primera instancia, es obligado admitir, que la concesión en sí misma supone un logro no sólo para la Autoridad Portuaria onubense sino para el concierto de los puertos andaluces, por encima de localismos trasnochados y batallas en los que la evolución del despropósito puede impedirnos ver la riqueza del bosque común, a cuya sombra ha de construirse el futuro de Andalucía.

No en balde, desde el Puerto marítimo de Huelva se ha hecho ya una oferta en firme para que la rentabilidad de Majarabique repercuta positivamente en el puerto fluvial de Sevilla e incluso en los marítimos de Málaga y Algeciras. Es decir, la riqueza de una infraestructura depende en gran parte de la habilidad de los sectores que puedan beneficiarse de ella y no de circunstancias accesorias.

En este sentido, sería ocioso traer a colación ejemplos de infraestructuras que no por ubicarse en un determinado lugar han servido para crear la riqueza a la que estaban llamadas, o de retos que no por muy codiciados y prometidos se han convertido en realidades.

Pero, sobre todo, parece llegado el momento en que nos detengamos a reflexionar sobre la inconveniencia de persistir el error que supone cargar en las instituciones públicas el peso de nuestros anhelos.

Con frecuencia se suele poner de relieve desde los sectores empresariales más diversos la necesidad de que las instituciones públicas, la política, no interfiera en los avatares económicos más allá de lo necesario para preservar los derechos colectivos y los equilibrios en los que se ha de apoyar la justicia social.

Sin embargo, también con frecuencia solemos cometer el error de acudir a esas mismas instituciones y políticos para que hagan causa común con nuestros legítimos intereses, frente a otros intereses tan legítimos como los nuestros, apoyándonos solo en argumentos localistas y banderías a las que se concita a una legión de colectivos y fuerzas sociales y políticas, queriendo comprometerlos en sustitución de nuestra propia responsabilidad.

Esta reflexión puede parecer tan dura como imprescindible resulta superarla definitivamente. En el caso de Majarabique se ha dado la circunstancia, entre otras, de que por caer en el citado error, se han llegado a enfrentar virtualmente colectivos sociales y fuerzas políticas de una provincia con los de otra, aun siendo del mismo color en ambas circunscripciones. Y, por ejemplo, las autoridades portuarias de ambas provincias son del mismo partido, también los alcaldes de ambas capitales y los presidentes de Diputación; los sindicatos son los mismos en los dos territorios y los ciudadanos, en todos los casos, son andaluces.

Como presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio quiero recurrir, llegados a este punto, al mensaje que nos unió a todos en el Foro de Antequera, promovido por las Cámaras de Comercio, que concitó el apoyo político y sindical generalizado, con los auspicios de la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, como máxima representante de los intereses de nuestra comunidad.

En aquel Foro se hizo una firme apuesta para convertir Andalucía en la gran plataforma logística del Sur de Europa. Y en este sentido, tendríamos que preguntarnos qué habría pasado si el Puerto de Huelva no hubiera logrado la concesión de Majarabique. Posiblemente, nadie lo habría hecho y se hubiera perdido una oportunidad única para que el concierto de puertos andaluces y por ende nuestra comunidad hubiese dispuesto de un operativo necesario para un mejor desarrollo de nuestros intereses.

Es mi deseo que los argumentos que expongo no sirvan para buscar culpables, pues todos estamos inmersos en los mismos errores y aciertos, y de todos sin excepción podrá ser el éxito que de Majarabique se derive para Andalucía. Pero nadie podrá negar a estas alturas de la polémica, que el peor negocio que podemos hacer en este caso y en muchos otros de similar factura, es ofrecer a la sociedad una imagen de división en la que los personalísimos y localismos puedan asfixiar una oportunidad en la que la mayor beneficiaria ha de ser Andalucía.