Tribuna

Pablo Antonio Fernández Sánchez

Seguridad sanitaria y Unión Europea

El analista equipara la ceguera de los actuales líderes europeos con la de los años 30, cuando no quisieron ver los acontecimientos que nos llevarían a la II Guerra Mundial

Ursula von der Leyen, Angela Merkel y Emmanuel Macron, antes de una reunión en Bruselas el 20 de febrero. Ursula von der Leyen, Angela Merkel y Emmanuel Macron, antes de una reunión en Bruselas el 20 de febrero.

Ursula von der Leyen, Angela Merkel y Emmanuel Macron, antes de una reunión en Bruselas el 20 de febrero. / OLIVIER HOSLET / efe

Cuando se analiza la respuesta de la UE a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, cuya enfermedad se denomina Covid-19, parece inevitable limitarse a los asuntos económicos, que no escabulliré, pero que no deben suponer el monopolio del análisis.

Seguramente, la primera percepción que tenemos es lo poco que está haciendo la UE en el marco de esta pandemia, la insolidaridad de los estados miembros, la inacción de los mecanismos de alerta, de información, de apoyo o de cooperación.

Por ello, hay que partir de las debilidades de la UE en esta materia por voluntad de los estados. La política sanitaria no es exclusiva de la UE, sino que se comparte ínfimamente con los estados miembros. No debemos nunca olvidar que las competencias que se transfieren a la UE son aquellas en las que los estados miembros consienten. Por tanto, si no se dispone de más mecanismos para luchar contra una pandemia es porque los estados no han querido.

Al igual que en el interior de algunos estados, como España, donde la política sanitaria se ha transferido a las comunidades autónomas, en la UE se ha retenido casi toda ella para los estados. Ello justifica que, en estos momentos, estemos viviendo 28 sistemas diferentes de enfrentarse a la pandemia, como si los coronavirus necesitaran pasaportes.

En seguridad sanitaria, la UE es irrelevante y la miramos como si fuera culpable de todo

La UE dispone únicamente de dos agencias para apoyar la seguridad sanitaria de los estados miembros: la Agencia Europea de Medicamentos, hasta ahora la más conocida, que evalúa la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos. Ello es así, no sólo por razones sanitarias sino por razones comerciales. Los productos sanitarios son mercancías de libre circulación, pero para su comercialización en toda la Unión Europea debe garantizarse unos estándares europeos. También, es verdad, esta Agencia facilita la colaboración global para desarrollar vacunas contra el coronavirus, establece guías, recomienda tratamientos, aconseja el uso de medicinas, informa de las medicinas falsas, etcétera.

La segunda agencia empieza a ser ahora mucho más conocida: el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Se ocupa de analizar y evaluar las amenazas de nuevas enfermedades para coordinar y proponer respuestas unitarias.

En estos momentos, todos los estados reportan al Centro Europeo los contagios, los muertos y las altas hospitalarias de la Covid-19 y no sólo los estados europeos, sino otros muchos estados del mundo, cuyos datos se facilitan diariamente en su web oficial, por lo que tenemos información absoluta del comportamiento global del coronavirus y de sus consecuencias.

Esto es todo lo que hay en esta materia. En definitiva, en seguridad sanitaria, la Unión Europea es irrelevante, como en tantas otras cosas, y la miramos como si fuera la culpable del abastecimiento, de la descoordinación o de la falta de medidas solidarias.

Ahora nos percatamos de la importancia de la investigación científica y tecnológica

Hemos recurrido a partenariados ajenos a la propia Unión Europea, aunque con participación de la Comisión, para enterarnos de asuntos públicos de sanidad en cada uno de los estados miembros. Por eso, el Observatorio Europeo sobre Sistemas y Políticas de Salud, creado hace más de veinte años por un partenariado compuesto por la OMS, la Comisión Europea y estados miembros, señaló en su informe sobre el perfil sanitario de España a finales de 2019 que la esperanza de vida de los españoles era la más elevada de la UE, que la mortalidad por causas evitables y tratables era la más baja de la UE, que teníamos un alto índice de obesidad, que tras la crisis económica el gasto sanitario descendió, pero que desde 2015 estaba aumentando, estando aun más bajo que la media europea (8,9% frente al 9,8% del PIB); que hay baja hospitalización por enfermedades crónicas, que el número de personal sanitario que disponen de contratos temporales y de una alta tasa de rotación es muy alto, que es positivo que desde 2018 los enfermeros españoles puedan recetar algunos medicamentos y vacunas, y que la Atención Primaria es el elemento central del sistema.

¡Guau! Nuestros políticos se sintieron satisfechos, sin darse cuenta de los efectos perversos de los riesgos y amenazas de carácter sanitario que se nos podían venir encima. Esto me lleva a la investigación científica, esta sí, competencia compartida entre la UE y los estados miembros de la que Italia o España se benefician con cuentagotas.

La UE dispone de cifras multimillonarias para repartir en el marco de la investigación científica (la mayoría de sus multimillones, ¿por qué será?, llegan a los estados del norte). Hay pocas líneas estratégicas y dentro de ellas se deja mucha libertad a los proyectos individuales. Esto incluso ha provocado estos días la dimisión de Mauro Ferrari, presidente del Consejo Europeo de Investigación, por cuestiones relacionadas con su arrogante comportamiento y la burocracia paralizante en relación con la investigación sobre la Covid-19.

Como evaluador científico del citado Consejo, siento el desprestigio de la única entidad europea dedicada a los proyectos de investigación.

Desde mi modesto papel, el Grupo de Investigación que dirijo viene denunciando desde hace muchos años los irreversibles daños a la naturaleza que provocan riesgos y amenazas a la paz y seguridad (capa de ozono, utilización del medio ambiente como medios y métodos de combate, acidificación de los océanos, desplazados ambientales) y que están creando inseguridad sanitaria, inseguridad alimentaria, inseguridad digital. Cada año que pasa se reducen los fondos para la investigación, hasta hacerlos en muchas ocasiones inexistentes (aquí hay vergüenza para repartir entre la Unión Europea, el Ministerio de turno y la comunidad autónoma).

Ahora nos damos cuenta de la importancia de la coordinación sanitaria, de la investigación científica y tecnológica, de la deslocalización productiva.

Ya sé que la demanda a la UE es de solidaridad, de coronabonos y de medidas socioeconómicas. Algo ha hecho la Comisión Europea, aunque poco conocido. Ha puesto a disposición de los estados ciertas medidas para mitigar el impacto socioeconómico, como la contratación pública de equipos de protección, la revisión de las normas para permitir el aumento de las capacidades de producción, almacenamiento y distribución de suministros y equipos, autorizaciones de exportación, defensa de los derechos de los pasajeros, flexibilización de las normas presupuestarias, la propuesta de activación de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y otras medidas realizadas al amparo de sus limitadas competencias.

En estas circunstancias no son suficientes. La ceguera de los actuales líderes europeos sólo es comparable con la de los años 30, cuando no quisieron ver venir los acontecimientos que nos llevarían a la Segunda Guerra Mundial.

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