Simplificación administrativa en Andalucía

Andalucía necesita imperiosamente reducir los costes de la burocracia que lastran la competitividad de nuestras empresas y suponen un gasto desproporcionado. En la Unión Europea el coste promedio asciende al 3,6% del PIB, pero en España sube hasta el 4,6%: es decir, unos 55.300 millones de euros/año se destinan exclusivamente al cumplimiento de formalidades administrativas. Otras CCAA, como Valencia, Madrid o Canarias, han impulsado medidas de simplificación mejorando su competitividad, atrayendo inversiones y crecimiento. En Andalucía, según el informe Doing Bussiness España 2015, el principal escollo para el inicio de actividades económicas es la regulación ambiental, que la sitúa en el puesto 14 de 19 (CCAA, Ceuta y Melilla).

En los últimos meses venimos observando una serie de iniciativas de la Junta de Andalucía que evidencian un cambio de tendencia. Una de las primeras medidas de la nueva legislatura fue la creación de una Comisión para la Promoción de la Industria, coordinada por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, que tiene como prioridad la simplificación y la eliminación de trabas regulatorias a la implantación de proyectos industriales, dado que son una importante palanca de crecimiento económico y creación de empleo. También se encuentra en tramitación un decreto de administración electrónica y simplificación administrativa, por iniciativa de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, cuya aprobación se anuncia inminente. Y la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad está impulsando una revisión general de todo el marco regulatorio dirigida a aplicar cuanto antes medidas urgentes de simplificación administrativa, articuladas mediante un Plan de Mejora de la Regulación Económica en Andalucía 2018-2022.

Centrándonos en esto último, un acuerdo del Gobierno andaluz impulsa la formulación de este plan y designa una comisión de expertos integrada, de un lado, por directivos de las consejerías con competencias económicas, y de otro, por especialistas del mundo de la empresa y la Universidad. La preside el consejero de Economía y se le dota de soporte organizativo y coordinador por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. El primer fruto de los trabajos ya es visible: acaba de aprobar un documento de propuestas para la mejora de la regulación económica de Andalucía, disponible en la web de la Agencia. En sus 83 páginas contiene un diagnóstico de la situación y de las prioridades, e identifica una serie de ámbitos en los que se deben tomar medidas de simplificación administrativa y mejora regulatoria: distribución comercial, sector turístico, servicios y colegios profesionales, sector industrial, actuaciones en el medio rural, en los espacios naturales y en las explotaciones agrícolas, intervenciones urbanísticas, proyectos de interés estratégico y medidas para reforzar las políticas de competencia y de mejora de la regulación. Un completo panel que se debe traducir en acciones normativas y ejecutivas por parte del Gobierno andaluz. En particular, mediante la aprobación de un Decreto-ley que incorpore las medidas de imperiosa y urgente necesidad.

Para que las iniciativas de simplificación administrativa sean efectivas se requieren dos ingredientes principales: un liderazgo potente, que debe superar grandes obstáculos, inclusive las propias inercias de la organización; y una adecuada metodología, que identifique certeramente las medidas a adoptar, y conozca y aplique las técnicas de simplificación existentes en el Derecho comparado, que son muchas, efectivas y altamente depuradas. Las actuaciones impulsadas por la Junta de Andalucía parecen provistas de ambos ingredientes: parece claro el compromiso por impulsar la simplificación al máximo nivel, contando con un respaldo político que debe servir para superar sus obstáculos operativos; y el despliegue se viene haciendo a partir del know how existente, incorporando las mejores técnicas del Derecho comparado para articular el proceso.

Los próximos meses serán decisivos para verificar si estas iniciativas se traducen en medidas concretas que simplifiquen la regulación, reduzcan los costes de las actividades económicas, acorten los plazos para su inicio, eviten duplicidades y cuellos de botella, y contribuyan a la mejora de la competitividad y al crecimiento económico. Es pronto para saberlo, pero parece que esta vez la cosa va en serio.