Lo que la UE piensa del Estado de Derecho español

Cuando el 24 de noviembre de 1977 España se convirtió en el vigésimo estado miembro del Consejo de Europa (no confundir con el Consejo Europeo de la Unión Europea), todavía no había ni siquiera Constitución en España. Por ello, hubo dos exigencias muy singulares: una, que a la vez que España se unía al Consejo de Europa firmara también el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otra, que todos los grupos parlamentarios del momento se comprometieran, por escrito, a incorporar los valores de la democracia y del respeto de derechos humanos en la que sería la Constitución Española de 1978.

Desde entonces, podemos señalar que España ha sido un socio me atrevería a decir que muy leal del Consejo de Europa, propiciando normas, estableciendo instituciones, respetando el Estado de Derecho y protegiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Es verdad que España ha sido condenada en muchas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero en menor medida que estados de nuestro entorno como el Reino Unido, Francia, Alemania o Italia. Siempre ha tenido un escrupuloso (y a veces, excesivo) cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque ello supusiera un coste desmesurado como el desdoblamiento de la planta judicial o la libertad para terroristas confesos.

Los estándares la sitúan, por tanto, en un terreno muy propicio para la democracia y los derechos humanos.

Hay evaluaciones constantes, de carácter periódico, del propio Consejo de Europa, con recomendaciones sobre la prevención de la tortura, la lucha contra el racismo, la protección de los derechos sociales, la protección de las minorías, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el blanqueo de capitales, la lucha contra el tráfico de personas, el sistema judicial, etc.

Sin embargo, la Unión Europea ha ido asumiendo, cada vez más, competencias en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta que sus valores constitucionales son "el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y los derechos humanos y establece que la Unión tiene como finalidad promover la paz y el bienestar de sus pueblos" y que dispone de la Carta de Derechos Fundamentales con rango constitucional desde el Tratado de Lisboa

Tras las derivas de Polonia y Hungría en relación con el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos, la Comisión Europea se planteó una evaluación de todos los estados miembros de la UE.

En este marco, el 30 de septiembre de 2020, la Comisión Europea ha comunicado al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020.

Para su elaboración, los funcionarios de la Comisión Europea, en el caso de España, se han entrevistado con expertos académicos, abogados del Estado, fiscales, registradores, periodistas, notarios, jueces, ministerios, Tribunal Supremo, incluyendo ONG, asociaciones profesionales y un largo etcétera.

El Informe recoge preocupaciones sobre el Estado de Derecho en España que las autoridades competentes deben tomarse muy en serio. Por ejemplo, la ineficiencia de la Justicia, con procesos extremadamente dilatados en el tiempo, la falta de interoperatividad entre los distintos sistemas regionales, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace años o la relación de dependencia del Fiscal General del Estado del Ejecutivo.

En el marco de la corrupción, la Comisión Europea ha constatado que España aun no cuenta con una estrategia global contra la corrupción, a pesar de los mecanismos existentes para conocer los activos, los conflictos de intereses y las incompatibilidades de los altos dirigentes del Gobierno y recientemente de los miembros de las Cortes Generales. Sigue sin adoptarse una Ley General contra la corrupción.

La Comisión Europea también ha analizado el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Se ha sorprendido por la existencia de requisitos de transparencia de propiedad de las TV y las cadenas de radio, pero no de los medios escritos. Igualmente muestra preocupación por las restricciones establecidas en la nueva legislación sobre seguridad pública.

En definitiva, en la primera vez que la Comisión Europea evalúa la aplicación del Estado de Derecho de los estados miembros, podemos comprobar que se reiteran los mismos argumentos que ya hizo suyo el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, señalando la "anomalía institucional" de la falta de renovación del CGPJ, la inconveniente designación del fiscal general del Estado por parte del Ejecutivo y la dudosa libertad de prensa existente. Y ello, siendo fallos del Estado de Derecho, está en los estándares más cualificados de Europa. Sin embargo, hay que hacer los deberes y resolver las cuestiones que hacen dudar del Estado de Derecho en España.