La administración oblicua

Expiró ya el período de gracia de cien días que suele concederse a todo Gobierno, incluido el andaluz de populares y ciudadanos, con el apoyo de Vox. Cumplieron con su promesa de acabar prácticamente, entre parientes directos, con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Más con el segundo que con el primero, pues las herencias gozaban ya, desde el anterior mandato de Susana Díaz, de una importante reducción.

También recientemente hemos sabido de la prometida auditoría sobre la llamada administración paralela que supone un gasto en nóminas cercano a los 300 millones de euros anuales. Con elogiable prudencia el informe lanza un mensaje de tranquilidad a los trabajadores adscritos, pues no versa tanto sobre enchufados o empleados fantasmas, como en la existencia de duplicidades en las tareas que desarrollan algunos de estos entes instrumentales. Aunque parafraseando al profesor Van Helsing, si los vampiros no proyectan sombra ni reflejo en los espejos, mucho menos van a salir retratados en esa auditoría, porque su administración no es que sea paralela, sino que de esquinada se hace oblicua. Y es que hay entre nosotros 90 comisionistas que se llevan cada año unos 30 millones de euros, los cuales se detraen de la recaudación tributaria.

¿Empieza a sentir terror? No tema, salvo por su cartera. Me refiero a las oficinas liquidadoras a cargo de los registradores de la propiedad, a los que tradicionalmente se ha encomendado, a cambio de una comisión en torno al 5%, la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados.

La llevanza de oficinas liquidadoras por registradores de la propiedad no se ajusta a la legalidad vigente puesto que, conforme a la Ley 23/2007 por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía, el ejercicio de funciones que supongan el desarrollo de potestades públicas corresponde a funcionarios de carrera. En este sentido pueden verse las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 25 de mayo de 2009 y 16 de mayo de 2012, según las cuales, cuando la encomienda o cesión no se limita a tareas de ejecución material o apoyo técnico, requiere potestades de naturaleza administrativa y, en consecuencia, se hallarían reservadas a los funcionarios públicos de la Administración competente.

Que los registradores de la propiedad no forman parte de la Administración andaluza es algo tan evidente que hasta lo ha dicho la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de noviembre de 2009, al exigir que carguen el IVA en las facturas que emitan a la Administración.

Y es que en el moderno contexto de garantías constitucionales para el contribuyente, transparencia de los concursos públicos, potenciación de las Haciendas autonómicas y sus agencias, mejora de las comunicaciones y desarrollo de las liquidaciones telemáticas, no solo no se sostiene legalmente sino que ha desaparecido la necesidad que llevó a tal delegación, a la que alude la disposición adicional sexta de la Ley 23/2007... pero para certificar su defunción y organizar su entierro.

Pues a pesar de ello, amparándose en un superado Decreto de 1999, objeto de oscuras addendas anuales, va prorrogándose esta situación, la cual supone un menosprecio a la competencia de los funcionarios andaluces; por no hablar de causa de nulidad masiva que un juez poco complaciente podría apreciar, con el consiguiente quebranto para la Hacienda pública.

La última de tales addendas vence a finales de este año. Le bastaría a Juan Manuel Moreno, a su socio Juan Marín y al resto de líderes políticos, para convencerse de la indecencia de una eventual renovación a tales chiriliquidadoras, con preguntarle al director del Servicio de Coordinación de Oficinas Liquidadoras del Colegio de Registradores cuánto se lleva por su comisión en Algeciras.

Yo lo he hecho a través del Consejo andaluz de Transparencia y Protección de Datos, basándome en su Resolución 108/2018. Y aunque la propia Agencia Tributaria de Andalucía me ha reconocido también el derecho a saber en qué se emplea el dinero de todos, ante la oposición del comisionista, mi petición habrá de dilucidarse judicialmente... cuando llegue la Noche de Walpurgis.

Quizás esta alergia a la luz esconde que, de atenderse tal solicitud de información pública, podría destaparse que en un solo mes el registrador de Algeciras se levanta por este minijob (no estoy hablando de su otro verdadero trabajo) más que lo que gana el Presidente de la Junta de Andalucía en todo un año.

Y como esto no va de este o aquel partido, son cada vez más las comunidades autónomas que están prescindiendo de tales imposibles servicios externos. Por citar tres de distinto color político: Galicia, Asturias y Cataluña.