Tribuna

Carmen Crespo

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

No habrá una buena PAC si no se cuenta con Andalucía

Un mal diseño de las regiones agroecológicas sería perjudicial para nuestro modelo

LA Política Agraria Común es la más antigua de las políticas de la Unión Europea. Su primer objetivo no ha variado en todos estos años: ayudar a los agricultores y garantizar la seguridad alimentaria del Viejo Continente. Aunque pueda parecer una perogrullada, hoy es muy importante subrayarlo dado el papel esencial desarrollado por Andalucía, una de las regiones líderes en calidad, cantidad y variedad de producciones, que en gran medida se destinan a abastecer los mercados europeos. Los representantes de las distintas comunidades autónomas hemos sido convocados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el próximo 21 de octubre a una conferencia sectorial para terminar de definir el Plan Estratégico Nacional que España ha de elevar a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre. Un plan que determinará las nuevas reglas para el reparto de las ayudas y que tiene que ser ratificado por Bruselas para que los agricultores y ganaderos puedan cobrar la nueva PAC a partir del 1 de enero de 2022.

Cuando hablamos de la PAC no estamos haciéndolo sólo de una cuestión económica, sino de medidas de desarrollo rural y medidas de mercado. Andalucía, ejemplo de buena gestión histórica de estos fondos, ha actuado a lo largo de casi tres años de negociaciones –primero a nivel europeo y, posteriormente, a escala nacional– desde una sólida e irrompible unidad de acción con el sector, consciente en todo momento de la necesidad de adaptarnos a los nuevos requisitos medioambientales que marca Europa, pero al mismo tiempo exigiendo que se reconozca el peso específico de nuestra tierra, donde trabajan uno de cada tres perceptores de la PAC.

Las movilizaciones de los últimos días de nuestros agricultores y ganaderos son un reflejo de la máxima preocupación existente ante la nueva amenaza de ruptura con un modelo cuyos resultados son indiscutibles. Los ecoesquemas, prácticas beneficiosas para el medio ambiente, no pueden convertirse en la excusa del Gobierno para imponer una tasa plana encubierta o atender a presiones territoriales, porque sería igualar injustamente agriculturas sin respetar la diversidad productiva que existe en este país.

Estuvimos dispuestos a trabajar en una simplificación en el número de regiones y propusimos distintos cambios comarcales para alcanzar un acuerdo. Entendíamos que el número de regiones, a priori, podría haber sido compatible con el modelo andaluz, pero no lo es cuando el Gobierno rechaza de plano la propuesta de Andalucía y penaliza su diversidad productiva al imponer una arbitraria distribución comarcal, así como en los importes medios establecidos para las mismas, que sólo parece perseguir el respaldo de otras comunidades.

Estamos hablando de pérdidas que podrían alcanzar los 100 millones de euros anuales para los agricultores y ganaderos andaluces. No podemos admitir una propuesta que supondría pérdidas superiores al 15% en zonas productivas tan importantes como el Condado de Huelva, la Campiña de Sevilla, la Vega de Antequera o La Loma de Jaén.

Andalucía pide al Gobierno de España que defina un número suficiente de regiones agroecológicas que de verdad representen la amplia diversidad de sus cultivos y explotaciones. Queremos unos ecoesquemas que sean sencillos y atractivos para los agricultores, que nos permitan seguir avanzando en sostenibilidad y cumplir con los objetivos medioambientales que marca Europa. Andalucía tiene mucho camino recorrido y queremos que así se nos reconozca.

El ministro es un perfecto conocedor de la agricultura y la ganadería andaluzas, de lo que supone a nivel económico para la comunidad y de lo que representa social y medioambientalmente para el país. Ahí están los datos de exportaciones o los porcentajes de nuestra superficie ecológica que colocan a España en las primeras posiciones del ránking. Por eso le pido que reflexione y reconduzca la situación sobre parámetros que se ajusten a la auténtica realidad. Más de 500.000 andaluces viven del campo y aportamos el 36% de la renta agraria nacional. El esfuerzo y el trabajo bien hecho se premia, no se penaliza. Bastante decepción supone ya que Europa no haya acometido la revisión profunda de los acuerdos comerciales con terceros países para acabar con la competencia desleal. Estamos a tiempo de alcanzar un acuerdo justo, en el que no haya vencedores ni vencidos, y que no se interprete como un castigo al agricultor andaluz. Porque ni lo merece ni lo consentiríamos.

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