El grave asunto del fallo en el cribado del cáncer de mama, ha sacado a la luz una realidad que se venía denunciando: el colapso del sistema público de salud en Andalucía. Las estrategias de privatización tratan de ampliar o crear nuevos campos de negocios en sectores que se ubican en el ámbito del servicio público, ajenos, por tanto, a la lógica del beneficio económico. Entre otras circunstancias, esas estrategias necesitan primordialmente disponer de un mercado, clientes que son usuarios del servicio público y que, lógicamente, no están interesados en convertirse en compradores. Entonces ¿cómo hacer que esos usuarios de los servicios públicos se conviertan en consumidores del producto privado? La fórmula es sencilla: si se deteriora el servicio público –disminuyendo sus recursos–, más tarde o más temprano acudirán al mercado para obtener allí lo que ahora se les oferta como mercancía averiada. Si esto ocurre en campos tan sensibles como el de la salud o la educación, el viaje hacia la oferta privada es casi automático. Sobre todo, si, además, el proceso se alimenta con pensadas campañas mediáticas que subrayan las aparentes ventajas de lo privado y presentan su uso como un signo de distinción que todos quieren emular.
Para que sean mínimamente viables, las estrategias de privatización requieren de otro factor. Como es sabido, cualquier negocio necesita la inversión de capital, mientras mayor sea la cantidad de dinero que hay que exponer, mayor es el riesgo que se corre. Entonces ¿cómo reducir ese riesgo sin reducir la inversión mínimamente necesaria? La fórmula consiste en disponer de capital ajeno. Es lo que se hace mediante el sistema de conciertos: las entidades privadas prestan el servicio que hacían las públicas, por lo que reciben la correspondiente subvención. Toda una transferencia de capital público al sector privado que, al generar pingües beneficios, amortigua los riesgos de la inversión.
Como se ha dicho, las políticas privatizadoras están desarrollándose en campos como el de la salud y de la educación. En el ámbito de la sanidad sus perversos efectos colaterales se hacen bastante evidentes, con consecuencias dramáticas como estamos viendo en estos días. Aunque esos efectos no son tan notorios, ni las consecuencias sean tan dramáticas, en el ámbito de la educación en Andalucía está ocurriendo algo parecido, de manera que es previsible el colapso de la enseñanza pública. Efectivamente, si miramos, por ejemplo, el gasto público por alumno en centros públicos, vemos que Andalucía, no sólo está muy por debajo de la media española, sino que es de los más bajos, sólo por encima de Madrid, mientras que el gasto público en conciertos y subvenciones a la enseñanza privada no ha parado de aumentar, especialmente desde el año 2008. En correlación con esto, el porcentaje de alumnado matriculado en centros públicos va disminuyendo, desde el 75% en el curso 2009-2010, hasta el 71,5% en el presente, porcentaje que se reduce al 67,4% en los ciclos de Grado medio de Formación Profesional y al 64,8% en los de Grado Superior, una tendencia que se confirma en el caso de la enseñanza universitaria gracias a la proliferación de Universidades privadas alentada por el Gobierno de la Junta de Andalucía.
El deterioro de la enseñanza pública en Andalucía se hace particularmente notorio si atendemos a la política de supresión de unidades escolares que trae consigo la bajada de la tasa de natalidad. Efectivamente, según los datos del Ministerio de Educación, desde el curso 2019-2020 hasta el actual 2024-25, en Educación Primaria, se han suprimido 1.127 unidades escolares de centros públicos, mientras que el número de las de los centros privados, no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado en 278 unidades. Esta política de escolarización genera restos de alumnos y alumnas que, aun queriendo matricularse en centros públicos se ven obligados a hacerlo en privados, en los que el aumento de la oferta genera, además, un efecto llamada.
Estos y otros datos ponen de manifiesto el progresivo deterioro de la enseñanza pública, deterioro que se corresponde con el auge de la enseñanza privada, particularmente de la privada concertada; porque, ante la verosímil posibilidad de que la enseñanza pública se convierta en algo parecido a los colegios de balde, todo el que puede huye hacia los colegios de pago, que ahora son generosamente subvencionados.
