Los riesgos de la desaceleración económica

Afalta de que se publiquen las estimaciones oficiales, la economía española creció un 2,5% en 2018 según el consenso de los analistas, un aumento del PIB que confirma la progresiva desaceleración que se viene produciendo desde el 3,6% del año 2015. Este aceptable crecimiento se ha producido en 2018 gracias al buen comportamiento del consumo y al aumento de la inversión, especialmente la inmobiliaria. Sin embargo, el sector exterior, que tan decisivo viene siendo en la fase de recuperación, ha contribuido negativamente al crecimiento anual por el peor comportamiento de las exportaciones. Todos los pronósticos apuntan a que la tendencia desaceleradora de la economía española continuará en 2019.

La economía mundial también se desacelerará previsiblemente por los posibles efectos de las medidas proteccionistas de Estados Unidos, el aterrizaje suave de China y los problemas institucionales y económicos europeos, que se están traduciendo en una caída del crecimiento en los últimos meses mayor de la prevista y también de la confianza empresarial. Además, la desaceleración podría ser más intensa si se precipitan algunas incertidumbres, como un Brexit sin acuerdo, la posible guerra comercial u otros conflictos internacionales, y preocupan las escasas municiones con las que cuenta el Banco Central Europeo en caso de que la desaceleración se intensifique.

Este panorama externo puede acentuar las tendencias a la desaceleración de la economía española, en particular por la probable contribución negativa del sector exterior al crecimiento, como también es previsible el debilitamiento de la inversión productiva en un contexto de desaceleración e incertidumbres. Por ello tendrá que ser la inversión inmobiliaria y, sobre todo, el consumo las variables que soporten el crecimiento en 2019. La continuidad del positivo comportamiento del consumo se basará en mayor medida en el aumento de las pensiones y de los salarios que en aumento del empleo, aunque seguirá siendo positivo. También se mantendrá al alza la demanda de crédito al consumo, aunque la banca deberá comportarse con más prudencia que en la pasada década.

Por tanto, el año 2019 se nos presenta más complicado que 2018, con incertidumbres tanto internacionales como internas, pero no hay razones para pensar en una recesión a corto plazo, aunque algunos analistas estiman que el agotamiento del ciclo expansivo es posible en un plazo no lejano. En este panorama es razonable plantearse cómo se encuentra la economía española ante una posible intensificación de la desaceleración y una eventual recesión, y la experiencia de la pasada crisis puso de manifiesto que nuestro país la sufrió más gravemente y sus efectos fueron más duraderos que en otras economías desarrolladas por sus desequilibrios financieros y por sus restricciones competitivas.

Algunos de los desequilibrios financieros (solvencia de la banca, deuda privada) han ido mejorando tras la crisis, pero la deuda pública ha seguido aumentado hasta 1,16 billones de euros, lo que limita notablemente el margen de actuación de la política fiscal ante un posible deterioro de la situación económica, y a ello contribuye la previsión de déficit público, pues, aunque el proyecto de presupuesto lo limita al 1,6% del PIB, está soportado por unas previsiones de ingresos poco realistas. No obstante, lo más preocupante es el altísimo nivel de deuda externa (2,004 billones de euros, el 167,4% del PIB), lo que supone una gran dependencia externa, que hace a la economía española mucho más vulnerable ante posibles aumentos de los tipos de interés, y el potencial aumento de la prima de riesgo ante un hipotético deterioro de la situación económica o la intensificación de los problemas políticos internos.

Por otra parte, la capacidad competitiva de la economía española mejoró sensiblemente tras la crisis gracias a la reforma del mercado de trabajo que favoreció la devaluación salarial, pero esa vía para el aumento de la competitividad ya no parece posible ni deseable, por lo que habrá que incentivar la cualificación de los factores que determinan las mejoras competitivas (cualificación de los recursos humanos, innovación, mejor funcionamiento de los mercados, aumento del tamaño de las empresas, internacionalización, inversión empresarial en actividades más intensivas en conocimiento y tecnología). Todos estos factores requieren reformas, lo que exige a su vez consensos y no buscar réditos políticos a corto plazo, lo que no parece que sean las prioridades del gobierno ni las características adecuadas del panorama político en este año electoral y de crispación política.