La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui se posicionó ayer con Ghedjemoula Mohamed Bibat, la madre saharaui que ha denunciado a un matrimonio de Villaverde del Río ante su negativa a devolverle a su hija de siete años.

El presidente de la delegación sevillana de esta asociación, Fernando Peraita, consideró este caso como un "secuestro" y estimó, en declaraciones a Europa Press, que la situación se resolverá de forma favorable para la madre biológica. Desde esta asociación se ha intercedido en el caso de la hija de Ghedjemoula Mohamed, pero el matrimonio de Villaverde "está cerrado en que no se vaya la niña", que lleva ya casi dos años viviendo con esta familia.

El responsable de la asociación precisó que es "lógico" que la madre haya presentado una denuncia judicial contra la pareja e indicó que estos problemas sólo se producen "una de cada mil veces". Peraita señaló que hay algunos antecedentes similares a lo que le ha ocurrido a Ghedjemoula Mohamed y dijo que siempre se resuelven en favor de los padres biológicos, sobre todo si la madre de la menor es una mujer "normal, sin problemas de alcohol, drogas o cosas así". De hecho, la Sección de Protección del Menor de la Fiscalía hispalense no ha detectado, en principio, ninguna situación de desamparo en el caso de la niña que reside en Villaverde del Río. El Ministerio Público ha citado a declarar al matrimonio que acoge a la menor, aunque esta comparecencia no se ha producido por el momento.

El abogado de la madre, Juan Ignacio Fernández de la Mata, aún no tiene noticias sobre la denuncia presentada en los juzgados de Lora del Río contra los acogedores, a los que se atribuye presuntamente un delito de sustracción de menores que el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel.

El letrado precisó que, en su opinión, habría que cambiar el sistema que rige actualmente las acogidas temporales de niños saharauis para que las autoridades, sobre todo la Fiscalía de Sevilla, "tengan conocimiento" de los niños que llegan y con las personas que se quedan de forma provisional. El Ministerio Público entiende que, al tratarse de una entrega voluntaria de un menor, no requiere el conocimiento de la Administración, pero el letrado de la denunciante insiste en que sería "algo bueno" porque "¿cómo iba a recuperar la madre a su hija si estuviera en el desierto del Sahara y no en Sevilla?", subrayó.

El caso de la hija de Ghedjemoula, que vino a Sevilla en 2003 para ser operada de una cardiopatía, provocó ayer la reacción del diputado de IULV-CA Ignacio García, quien dijo que el matrimonio debe entregar la niña "aunque sea muy doloroso". El diputado explicó que los niños son de sus familias y "nadie tiene derecho" a separarlos contra su voluntad, ya que "la voluntad del niño es la que expresan sus padres". El responsable de la federación de izquierdas concluyó que la postura del matrimonio no puede ser avalada "bajo ningún concepto".