Con demasiada frecuencia, las noticias de accidentes laborales saltan a las primeras páginas de los periódicos. Pero no es tan habitual que se trasluzca la tragedia personal, la odisea familiar que desencadenan. Un ejemplo es la situación que vive la familia de Juan José Gordillo, un operario del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán que perdió la vida con 54 años, el 23 de junio de 1999, cuando se vino abajo la zanja en la que trabajaba para mejorar la red de saneamiento. Aunque también fue portada de los periódicos, coincidiendo con la víspera de una huelga por la siniestralidad en la construcción, casi nueve años después su mujer y sus dos hijas no han cobrado la indemnización que les corresponde.

Este dinero debía haber sido abonado en primer lugar por el entonces alcalde, el independiente Juan Escribano, y el técnico municipal que visó el trabajo, condenados en un proceso penal, pero que se declararon insolventes. La indemnización pasó a ser una obligación del Ayuntamiento, como responsable civil directo y solidario. Pero la espera de esta familia será más larga, porque a pesar de que ayer, 31 de enero, era el último día que el Consistorio tenía de plazo para hacer el ingreso, no lo hizo efectivo.

Según explicó el actual alcalde, Carmelo Ceba (PSOE), las arcas municipales no tienen liquidez para afrontar el pago de algo más de 13 millones de las antiguas pesetas que se les reclaman, por lo que se ha solicitado que se haga de forma fraccionada, como se está haciendo con el dinero que el Ayuntamiento debe pagar a la Seguridad Social en relación con el mismo suceso. El edil asegura que han adjuntado un informe oficial para dar fe la situación económica del Consistorio.

Pero la familia rechaza este nuevo aplazamiento casi por una cuestión de dignidad. "No queremos limosnas después de tantos años", dice Carmen, la mayor de las hijas, que tenía 21 años cuando perdió a su padre. Su hermana, contaba con 17. Ese fraccionamiento en el pago supondría que la familia no terminaría de recibir el dinero hasta dentro de tres años, doce después del accidente que les cambió la vida.

Ajenas a los problemas de financiación de los ayuntamientos, al coste de los servicios y al presupuestos municipal, no entienden que una administración pública no pueda pagarles, más cuando ven la transformación y mejora del municipio. Creen que se trata de un intento por dilatar más el ya largo de por sí proceso judicial. El alcalde lo niega radicalmente y lamenta que la Justicia no encontrara la forma para que, al menos el técnico, que según asegura Ceba, fue también promotor inmobiliario en la misma Castilleja, afrontara el pago.

El suceso se produjo cuando Escribano era alcalde en funciones, ya que había perdido las elecciones pero el nuevo alcalde socialista no había tomado aún posesión de su cargo. La primera sentencia, del año 2001, ya fue clara: el siniestro se produjo, entre otras cosas, porque "la zanja se encontraba totalmente desprotegida, se había abierto sin proyecto de obra, estudio de seguridad ni medidas de prevención de riegos laborales", todas ellas obligatorias. Responsabilizaba de esta falta de "diligencia" al primer edil y al técnico del Ayuntamiento que visó la obra, y les condenaba a indemnizar a la familia con más de 120.000 euros. Tras la apelación, otro falló estimó que el trabajador fallecido también había tenido un 30 por ciento de responsabilidad en su muerte y redujo el dinero a unos 80.000 euros.