El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra se personará en el juzgado como parte afectada por el caso ACM (Alcalá Comunicación Municipal). Así lo anunció el gobierno socialista, el pasado jueves, durante el Pleno en el que se debatió y aprobó, con los votos del resto de la oposición, una moción del PA en la que, además de esa personación -con la que se mostró de acuerdo el PSOE-, incluye la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento que la actual alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, rechaza. Según el argumentario del PSOE, esa comisión no sería más que un "paripé", porque el caso está ya en la Justicia, y un intento por "crear un circo mediático". El acuerdo, no obstante, se aprobó con tres votos más de los necesarios para la mayoría absoluta.

La portavoz del PA, Lola Aquino, proponente de la moción, recordó ayer en un comunicado que sólo con pasos como éstos, para abordar la "verdad" sobre ACM, Jiménez puede demostrar que hay "un tiempo nuevo" tras la renuncia de Antonio Gutiérrez Limones, alcalde durante 21 años, durante los que se creó y liquidó la sociedad.

Por otro lado, ayer trascendió que el administrador concursal designado para el concurso necesario de acreedores declarado sobre la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Alcalá de Guadaira-Alcalá Innova, otra entidad municipal, solicitó en mayo "auxilio" al Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla para que instase a los patronos, entre otros el propio Limones, a "cumplir su deber de colaborar", pues ninguno se habría "puesto en contacto" con él para facilitar información y documentos, según un escrito que recoge Europa Press. El administrador insiste en que le era "imposible mantener contacto directo con los miembros del patronato que (entonces) figuran con cargos vigentes". Como mucho, recibió alguna "comunicación electrónica eludiendo responsabilidad". Entre los que entonces constaban como patronos estaban también la ex ediles María José Borge y Miriam Burgos, nombrada en julio directora general de Personas Mayores y Pensiones de la Junta.

Además, el PP alertó ayer de que se ha relacionado a esta fundación con una empresa de Paterna (Valencia) que está siendo investigada, a su vez, por presuntos delitos de estafa, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, de lo que han tenido constancia por un requerimiento que ha llegado del juzgado número 2 de la ciudad valenciana.