El Ayuntamiento de La Rinconada explicó ayer que el local precintado en el municipio es una sede social y no un bar particular. Este local se había convertido en vivienda para una familia que trabajaba en él y que había tenido que abandonar su casa al no poder pagar el alquiler. En un comunicado, el Consistorio informó ayer de que el alcalde, el socialista Javier Fernández, y el delegado de Urbanismo, Francisco Manuel Díez, recibieron a los afectados, Ramón Oliva y Felisa Estébanez, para tratar de alcanzar una solución pero que fueron éstos quienes rompieron un acuerdo.

"El local en cuestión es propiedad del Ayuntamiento y está destinado al uso del tejido asociativo municipal. En dicha sede se ha estado desarrollando una actividad sin permiso, dándole el uso de un bar como si fuese un establecimiento privado y sin licencia para ejercer dicha labor", expuso el Consistorio, que añade que ha recibido "denuncias vecinales por la mala utilización del inmueble y de otros establecimientos del municipio por competencia desleal".

El Ayuntamiento también asegura que la familia ha convertido un local destinado al uso social en una vivienda particular, "siendo algo completamente ilegal y por tanto no pudiendo ser permitido". El Consistorio aclara que es "consciente" de la situación de esta familia rinconera, a la que asegura que ofreció "diferentes alternativas sociales para poder afrontar una nueva situación personal". La pareja aceptó y agradeció la oferta, pero "sorprendentemente" luego rompió este acuerdo de forma unilateral.