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El Consistorio celebra las iniciativas para salvar el sector del cangrejo rojo

  • El PSOE rectifica en el Congreso y apoya el cambio legal que permitiría su pesca en algunas zonas

Un pescador de Isla Mayor con su red o nasa llena de Cangrejo Rojo.

Un pescador de Isla Mayor con su red o nasa llena de Cangrejo Rojo. / antonio pizarro

El Ayuntamiento de Isla Mayor ha recibido con satisfacción el cambio de criterio de los diputados socialistas en el Congreso que, a diferencia de lo que ocurrió en junio, han respaldado que se tramite una proposición no de ley del PP para modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Ello permitiría que se siga capturando el cangrejo rojo en las marismas del Guadalquivir, un sector que factura 20 millones de euros al año y del que depende el 70% de la población de Isla Mayor. "Se ha trabajado mucho, había muchas presiones de colectivos y entidades ecologistas, no ha sido fácil", señaló el alcalde, Juan Molero (PSOE).

También admitió la implicación de los diputados socialistas andaluces en el cambio de criterio del grupo socialista el sevillano Antonio Pradas, que insistió en que la actividad en torno al cangrejo y otras especies afectadas es fundamental para el "equilibrio económico y social de muchos municipios rurales". El PSOE hubiera preferido un proyecto de ley para dar mayor debate y transparencia a un cambio que considera de envergadura, señaló. Los sectores implicados confían en que la tramitación culmine antes del fin de la legislatura. Para llegar a este primer paso del martes, con el que se admite a consideración la propuesta en el Congreso, ha hecho falta más de un año de negociaciones.

La Junta de Andalucía ha prorrogado las autorizaciones a 400 pescadores hasta 2020

La modificación afecta a los artículos relativos a la prevención y control de la especies exóticas invasoras. El fin es "retrotraer la situación" a la que había antes de la sentencia del Supremo de 2016, que declaró nulas varias disposiciones del decreto de 2013 que permitían la comercialización de algunas especies del Catálogo español de especies exóticas invasoras, como el cangrejo rojo americano, introducido en Sevilla con fines industriales en los años 70.

De aprobarse, se permitiría la caza y pesca allí donde las especies estaban asentadas antes de que se promulgara la primera regulación, en 2007, y donde la erradicación es compleja ahora, con repercusiones ambientales y económicas. Como requisito, las comunidades autónomas deberán aprobar antes un plan de control de la población de la especie, que, en el caso del cangrejo rojo, la Junta ya tramitó en 2016 y ha permitido el desarrollo de las dos últimas campañas tras la sentencia, con la posibilidad de extraer más de 3.000 toneladas de cangrejo de 36 hectáreas de arrozal, aunque en ningún caso el animal se puede comercializar vivo, para impedir su expansión.

En el Congreso, la portavoz del Medio Ambiente del PP, María Teresa de Lara, insistió en que también se debe "reforzar la lucha contra esas especies fuera de esos territorios" y que la modificación va en la línea de las prescripciones del Parlamento Europeo y del Consejo. Se trata de "buscar soluciones que compatibilicen la protección del medio ambiente, en la forma que la sentencia del Supremo dispone, con la protección de la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola, con especial incidencia en el mundo rural". "Pretender comparar especies como la carpa y el Black bass, lucio o cangrejo rojo con el mejillón cebra, el mosquito tigre, la avispa asiática, el caracol manzana, el camaloto o el plumero de la pampa, entre otros, me parece o ignorancia o pura demagogia", apostilló la diputada popular.

La campaña del cangrejo en las zonas arroceras del Guadalquivir ya ha culminado este año. Según el alcalde de Isla Mayor, ha sido más floja que otras por el ciclo biológico del cangrejo. El plan de control de población ha funcionado sin incidencias. Como novedad, señaló que el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Losada, ha emitido recientemente una resolución en la que los permisos a pescadores como "controladores autorizados" se han prorrogado hasta 2020, para evitar el constante papeleo y el colapso administrativo con cada campaña. Hasta ahora, las 400 autorizaciones se daban anualmente.

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