El alcalde de Almensilla, José Carlos López (IU), presentó ayer ante la Fiscalía de Sevilla el informe en el que da cuenta de la reclamación que Hacienda le hace al Ayuntamiento -1,6 millones por el IVA de dos promociones de VPO que promovió el Ayuntamiento y que no se pagó, más 670.000 euros por recargos, intereses de demora y aplazamientos- para que determine que si de lo ocurrido se pueden derivar responsabilidades penales.

El informe jurídico encargado por el Consistorio concluye que se podrían haber cometido delitos contra la hacienda pública y malversación de fondos públicos por parte del gestor que el Consistorio contrató para las cuestiones económicas, administrativas y técnicas vinculadas al proceso, que cobró más de 1,8 millones y que llegó a tener despacho en el Ayuntamiento, la asesoría que colaboró con él y el ex alcalde Carlos Ufano, que no concurrió a los últimas elecciones municipales, en las que el PSOE perdió el gobierno local.

En el escrito, que tendrá que valorar la Fiscalía e iniciar en su caso acciones penales, se subrayan las graves consecuencias que el impago tendrá para el Ayuntamiento, en una situación económica muy compleja. Así, la nueva corporación tendrá que hacerle frente, poniendo en peligro incluso el funcionamiento municipal, ya que Hacienda se niega a dejar en suspenso el cobro. El alcalde destacó ayer que ha llegado a un acuerdo para aplazar la devolución hasta 2013, aunque a partir de entonces el Consistorio tendrá que pagar 39.000 euros al mes durante cinco años.

Con el informe presentado en la Fiscalía, López cumple con el acuerdo plenario del 25 de abril, en el que el gobierno local de IU (salvo dos ediles críticos con la labor de su alcalde), el PP y el propio PSOE respaldaron una propuesta para que se exijan responsabilidades por esta vía: que sea la Fiscalía la que determine si hay delitos y denuncie en su caso, dado que la situación económica municipal hace inviable llevar el proceso directamente. Se ha esperado a presentarlo a recibir también las últimas liquidaciones de Hacienda.

Las promociones en cuestión son La Pierna (158 VPO, iniciadas en 2004) y Majalcofar (295 VPO, comenzadas en 2005). Las liquidaciones del IVA por los anticipos o cantidades entregadas a cuenta por los adjudicatarios se fueron abonando sin problemas. Pero no se liquidó nada del IVA, que los adquirientes sí que abonaron, una vez producida la subrogación del préstamo, 1,6 millones de euros que reclama Hacienda al Consistorio desde el año 2011. Según el informe jurídico elaborado por el abogado Miguel Ángel Carbajo, en el Ayuntamiento no costa ningún informe de la empresa que se hizo cargo de las gestiones. La nueva corporación se puso en contacto con la empresa contratada en su día, "sin que se haya recibido ninguna contestación sobre lo ocurrido". El anterior alcalde no contestó al primer requerimiento de Hacienda y cuando lo hizo "no dio explicaciones sobre las liquidaciones de IVA que no se habían realizando, confundiendo incluso las liquidaciones de los anticipos ingresados por los futuros adquirientes con las liquidaciones correspondientes con la subrogación del crédito hipotecario", según se recoge en el documento que está desde ayer en manos de la Fiscalía.