Después de varias semanas de incertidumbre, el alcalde de Coria del Río, José Vicente Franco (PSOE), retiró ayer la denuncia del convenio de ayuda a domicilio por la Ley de Dependencia que el Consistorio mantenía con la Junta desde 2007. Así, el acuerdo, que vencía el 2 de diciembre, se renovará de forma automática y garantizará que el servicio, del que dependen 250 usurios, se siga presentando sin más incidencias.

Es el punto final, por el momento, a una polémica que se desató cuando el propio Franco avisó en una carta a los usuarios que el Consistorio dejaría de prestar este servicio desde el lunes 3 de diciembre, ante la imposibilidad de hacer frente a los retrasos de los fondos de la Junta. Fuentes de la Delegación de Salud y Bienestar Social habían venido defendiendo que, en todos los casos, la ayuda a domicilio se presta desde los ayuntamientos, bien de forma directa o a través de empresas, por lo que estaba negociando con Coria para seguir en esa línea. El alcalde, por su parte, exigía garantías para los pagos, aunque los retrasos afectan a todos los municipios andaluces.

El portavoz del PA, Modesto González, censuró ayer esta "forma de gestionar" de Franco que, consideró, ha puesto en "riesgo" un servicio básico y el empleo de 150 auxiliares, cuando lo lógico, desde su perspectiva, es que el convenio se hubiera renovado desde el principio y, de acuerdo con la corporación y el resto de implicados, se hubieran acordado otras medidas de presión ante la Junta. "Lo que ha ocurrido no es razonable".

De las 150 auxiliares que se hubieran visto afectadas si el servicio hubiera cambiado de manos, 115 firmaron ayer la renovación de sus contratos, el resto lo hará previsiblemente el lunes, según fuentes del comité de empresa. Éste había llegado a presentar incluso ante la Inspección de Trabajo una denuncia por "cierre patronal" y para que se reconociera a este personal como "fijo discontinuo", ante la falta de información oficial sobre lo que iba a ocurrir.