Empresas públicas

La Diputación de Sevilla estudia integrarse en el accionariado de Tragsa

  • Ya estudia la viabilidad, en el marco de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que fijó que era necesario para hacerle encargos

  • Cerca de una veintena de diputaciones ya están e la sociedad pública, con una acción 

El presidente de Tragsa, Jesús Casas, con el de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, el miércoles. El presidente de Tragsa, Jesús Casas, con el de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, el miércoles.

El presidente de Tragsa, Jesús Casas, con el de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, el miércoles. / M. G.

La Diputación de Sevilla estudiará la viabilidad técnica de convertirse en accionista del Grupo Tragsa, empresa de capital social íntegramente público e integrada por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec, y sumarse así a las diputaciones de Córdoba, Huelva y Jaén como institución provincial andaluza habilitada para realizar encargos a ambas sociedades de proyectos, consultorías y otros trabajos enmarcados en el objeto social de este grupo.

Con el objetivo de evaluar estos temas de "interés común" para la institución provincial y la entidad empresarial, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha mantenido una entrevista con el presidente de Tragsa, Jesús Casas; el jefe de la Unidad Territorial de Andalucía y Extremadura, Ezequiel Montero, y la jefa del Gabinete de Presidencia del grupo, Soledad Álvarez.

Según ha destacado la Corporación en un comunicado, la posibilidad de que las diputaciones provinciales pasen a formar parte del accionariado del Grupo Tragsa se produce en el marco de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo de 2018, y transpone la normativa europea en contratación pública, estableciendo la necesidad de que las diputaciones provinciales y forales, los consejos y cabildos insulares participen en el capital social de Tragsa, para poder realizarle encargos.

El Grupo Tragsa forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, y del Sector Público Institucional. En lo que se refiere a su accionariado, compuesto a día de hoy por 52 accionistas, el accionista mayoritario es la SEPI (51%), seguido del FEGA (39%), Dirección General de Patrimonio (10%) y el resto de las 17 comunidades autónomas; las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; 7 cabildos insulares de Canarias; los consejos insulares de Mallorca, Ibiza y Fomentera; la Diputación Foral de Álava, y 19 diputaciones provinciales, que cuentan con una acción.

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