La Diputación de Sevilla estudiará la viabilidad técnica de convertirse en accionista del Grupo Tragsa, empresa de capital social íntegramente público e integrada por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec, y sumarse así a las diputaciones de Córdoba, Huelva y Jaén como institución provincial andaluza habilitada para realizar encargos a ambas sociedades de proyectos, consultorías y otros trabajos enmarcados en el objeto social de este grupo.

Con el objetivo de evaluar estos temas de "interés común" para la institución provincial y la entidad empresarial, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha mantenido una entrevista con el presidente de Tragsa, Jesús Casas; el jefe de la Unidad Territorial de Andalucía y Extremadura, Ezequiel Montero, y la jefa del Gabinete de Presidencia del grupo, Soledad Álvarez.

Según ha destacado la Corporación en un comunicado, la posibilidad de que las diputaciones provinciales pasen a formar parte del accionariado del Grupo Tragsa se produce en el marco de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo de 2018, y transpone la normativa europea en contratación pública, estableciendo la necesidad de que las diputaciones provinciales y forales, los consejos y cabildos insulares participen en el capital social de Tragsa, para poder realizarle encargos.

El Grupo Tragsa forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, y del Sector Público Institucional. En lo que se refiere a su accionariado, compuesto a día de hoy por 52 accionistas, el accionista mayoritario es la SEPI (51%), seguido del FEGA (39%), Dirección General de Patrimonio (10%) y el resto de las 17 comunidades autónomas; las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; 7 cabildos insulares de Canarias; los consejos insulares de Mallorca, Ibiza y Fomentera; la Diputación Foral de Álava, y 19 diputaciones provinciales, que cuentan con una acción.