La Diputación dejó sin ejecutar un tercio de su presupuesto de 2011: más de 100 millones de 300, que quedaron como excedente de tesorería. Son los datos que arrojan las cuentas generales de ese año que, tras pasar el periodo de exposición sin alegaciones, fueron aprobadas ayer en el Pleno con el único apoyo del PSOE. IU y PP votaron en contra, al considerar que, más allá de una situación saneada de la institución, revelan mala planificación. Hay que elaborar los presupuestos de forma "más realista" -coincidieron- y que el dinero llegue a los municipios a principios de año y no al final, en forma de planes extraordinarios, como suele hacer el gobierno socialista.

IU tachó de "barbaridad" la "desviación" sobre lo presupuestado del 50% del dinero. "Los pagos a la banca son la única partida que se ejecuta al cien por cien", destacó el portavoz, Manuel Rodríguez. El popular José Leocadio Ortega incidió en que en gasto de personal "sobran" diez millones, tres en suministros, casi 15 millones en gastos corrientes en un presupuesto que "debe estar afinado desde el principio", ya que la Ley de Estabilidad Presupuestarias y las medidas contra el déficit ponen cortapisas al libre uso de esos excedentes. El PP puso el acento en el dinero que se deja de ingresar de la Junta (13 millones) y en los números negativos de Prodetur y Sevilla Activa cuya disolución, junto a la Casa de la Provincia, volvió a reclamar para que sus funciones sean asumidas por la Diputación una decisión que, en su opinión, el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, tiene tomada.

Villalobos tomó la palabra para poner en valor esos números que, dijo, han contribuido a que la Diputación no tenga que estar sujeta a planes de ajuste. "Mal no lo habremos hecho", reflexionó, y subrayó que dejarán una Diputación saneada a futuros gobiernos y están dispuestos a adelantar dinero al Estado, como hacen con la Junta para construir colegios o centros de salud, si se compromete, por ejemplo, a mantener los agentes de desarrollo local, que podrían desaparecer de los ayuntamientos. Parte de los remanentes van a "inyectarse" en el presupuesto de 2013, avanzó, e insistió en la idea de que se pueda hacer plan de inversiones a final del mandato.

Fue uno de los asuntos de un Pleno en el que se aprobó además el recorte por 12,5 millones en el presupuesto de 2012. Es la cantidad que Diputación recibirá de menos por su Participación en los Ingresos del Estado (PIE). Aquí, IU fue la más crítica y alertó que afecta a todas las áreas, también a las de bienestar social. Desde Hacienda se destacó que no afectan a ningún programa estratégico. Casi 1,9 millones son de partidas reservadas para confinanciación de convenios, que no se han firmado. Se ha suprimido dinero del capítulo de personal, por plazas que no se cubren y la aportación al plan de pensiones (casi 3 millones) de la plantilla. El plan provincial de inversiones se ha hecho bianual y, en áreas relacionadas con bienestar social, se ha recortado en gastos de funcionamiento, destacaron.

Otros asuntos del pleno

Sí al Metro y la SE-40

Los grupos lograron sortear sus diferencias y aprobar por unanimidad una moción para instar a la Junta y al Estado a crear una comisión mixta sobre las necesidades de movilidad en el área metropolitana, que impulse el Metro y la SE-40. Fue a raíz de una moción del PP sobre el Metro y otra del PA sobre el  Metro y la SE-40. Pese al acuerdo final, el debate motivó una retahíla de reproches.

Multas de tráfico

El Pleno avaló los nuevos modelos de convenio del Opaef para que el organismo de recaudación pueda asumir al completo la gestión de multas de tráfico de los ayuntamientos, desde su fase inicial e incluido el periodo de alegaciones.

Depuradoras

El Pleno instará a la Junta y al Consorcio Provincial Aguas de Sevilla a hacer "cuantas gestiones hagan falta" para que la planificación en la construcción de depuradoras se cumpla. Se respalda así una moción del PP que recordaba ayer que, pese a que en 2015 vence el plazo para que todas las aguas se depuren, hay 27 municipios, que suman 200.000 personas, que no lo hacen, porque carecen de depuradora. Ello conllevará multas.

Condena por el 25S

IU defendió la creación de un "código ético" sobre el uso de los excedentes alimentarios, para evitar que acaben en la basura y presentó un ruego  para que la corporación condene la actuación policial contra las personas que protestaron el pasado 25 de septiembre ante el Congreso de los Diputados.