El Juzgado de lo Contencioso número 8 de Sevilla ha ordenado al presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, entregar al PP los informes emitidos por la Intervención sobre las subvenciones otorgadas desde 2000 hasta 2005 a la federación Unidad después de detectarse "anomalías" en las de 2004.

La sentencia, dada a conocer ayer por el diputado del PP Luis García Navarro, estima el recurso interpuesto por este grupo contra seis providencias dictadas por Villalobos en junio de 2006 por las que denegó a los populares el acceso a dichos informes. El fallo le condena por vulnerar "el derecho fundamental de participación ciudadana en los asuntos públicos" recogido en el artículo 23 de la Constitución. El juez anula dichas resoluciones emitidas por la presidencia de la Diputación y obliga a ésta a facilitar la información al grupo popular a raíz de que de uno de los informes, relativo a 2004 y publicado en prensa, "se desprenda la existencia de un buen número de anomalías" en los expedientes de subvenciones a la federación de asociaciones de vecinos Unidad.

Según el fallo judicial, dichas anomalías "bien justificaban la realización de un análisis detallado" de las ayudas "como ineludible paso previo al ulterior control político". La sentencia considera "razonable" que Villalobos denegara inicialmente la solicitud por genérica, pero no que lo hiciera cuando luego el PP precisó "con la mayor minuciosidad posible" cuáles eran las subvenciones de las que pedía información. El diputado García Navarro aseguró ayer además que el control y la fiscalización de las ayudas a Unidad "ha sido muy difícil, porque el presidente de la Diputación ha puesto todos los obstáculos posibles y más, hasta el punto de obligarnos a acudir a los tribunales" para reclamar una información a la que, según recalcó, aún no han podido acceder.

El portavoz adjunto del PP en la institución provincial no ocultó la "gran satisfacción" de su grupo por la sentencia, de la que afirmó que supone "un grave varapalo a la política oscurantista y poco transparente que Villalobos ha venido desarrollando". García Navarro precisó que ahora conocen la razón por la que la Diputación no quiso hacer públicos los convenios con Unidad: "Precisamente Villalobos, que se desvinculó radicalmente de toda la trama de financiación de esa entidad diciendo que no tenía nada que ver y que heredaba una etapa pasada, había firmado uno de esos convenios en agosto de 2003".

El representante del PP añadió que también comprenden en este momento por qué el gobierno socialista no les quiso dar los expedientes de las subvenciones anteriores a 2002. "Como después se ha sabido, ya no es que estuvieran mal justificadas, sino que ni siquiera lo estaban y por ello recientemente se ha pedido su devolución". El diputado popular consideró "lamentable" y "triste" que se hayan visto "obligados a acudir a los tribunales" y manifestó su deseo de que "por el bien de la democracia, Villalobos respete a la justicia y no recurra el fallo judicial".