Ecologistas en Acción se ha sumado a la plataforma contraria a la construcción del Parque Eólico San Cristóbal, en la Sierra del Becerrero, y ha exigido al alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, que "revoque la licencia" otorgada al mismo. 

El Parque Eólico San Cristobal está proyectado en los términos de Estepa y Gilena, aunque la mayoría de su emplazamiento va en el primero, en terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable de Especial Protección: Zona de Protección Paisajística, según ha recordado Ecologistas en un comunicado, en el que señala que "en ese tipo de suelo están expresamente prohibidas las actuaciones que dañen la protección paisajística que constituyen el fondo visual del conjunto histórico del Cerro de San Cristobal de Estepa".

El parque eólico incluye la instalación de 15 aerogeneradores situados en plataformas y la construción de 9,4 kilómetros de vías de servicio dentro de la Sierra, de 6,5 metros de ancho. Todo ello provocará un "destrozo irreversible en una sierra con altos valores ambientales de flora y fauna", además del impacto paisajístico, señala la entidad. 

Ecologistas cree que la licencia es "manifiestamente ilegal", que incumple las normas urbanisticas. De hecho, recuerda que el Ayuntamiento inició en 2017 una modificación para que el proyecto fuera posible. 

La organización señala que se desistió de ello porque se vio que, desde el punto de vista ambiental, no iba a salir adelante.

No obstante, el alcalde ha venido destacando sobre el proyecto que la tramitación viene de largo, que ha superado todos los trámites y cuenta con informes de compatabilidad urbanística. 

El proyecto obtuvo una declaración de impacto ambiental (DIA) en 2005, que caducaba en 2010, aunque las autoridades ambientales de la Junta la prorrogaron hasta en tres ocasiones.Ecologistas en Acción señala que si se construye el parque eólico y luego hay una sentencia firme que la anula por incompatibilidad urbanística con las normas del municipio, la empresa estará en su derecho de accionar la responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento por los 15 millones de euros del coste de la inversión.