El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, evitó concretar ayer una fecha para la reapertura de la mina de Aznalcóllar al tratarse de un proyecto "muy complejo" cuya puesta en marcha requiere "el cumplimiento íntegro de la normativa aplicable". Durante su comparecencia en el Parlamento para informar, a petición del PSOE, sobre la situación del proyecto, Bravo explicó que éste requiere la tramitación administrativa de un plan urbanístico especial, una autorización ambiental unificada, la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en materia de concesión y vertido de aguas, la autorización sectorial del proyecto de explotación y el plan de restauración.

"Es fundamental la completa y correcta tramitación del proyecto para la puesta en marcha de la mina, bajo la premisa de cumplimiento íntegro de la normativa aplicable con todas las garantías ambientales, urbanísticas y de seguridad", recalcó.

El consejero explicó que desde la Secretaría General de Industria, Energía y Minas se están coordinando reuniones de seguimiento de la evolución del proyecto con todas las partes afectadas para "avanzar con garantías" y con el fin de asegurar que resulta "adecuado" a las condiciones del lugar, que cuenta con los estándares más elevados de técnica y recursos disponibles y que da seguridad a los inversores, a la comarca y a las administraciones competentes.

Sobre el estado de tramitación del plan especial, detalló que la aprobación inicial del mismo se realizó por resolución del 11 de febrero, que se ha llevado a cabo el trámite preceptivo de información pública y que se están examinando las alegaciones recibidas.

En cuanto a la autorización ambiental unificada, explicó que los pasados meses de marzo y abril se sometió el proyecto a información pública conjunta y se trasladaron las alegaciones recibidas a la empresa adjudicataria, por lo que se encuentran en la actualidad en estudio.

Respecto a la autorización en materia de aguas, dijo que los requisitos establecidos están siendo objeto de reuniones continuas con la CHG para cumplir los requerimientos que la misma ha establecido. En concreto, se trata de la declaración de interés público superior previsto en la directiva marco comunitaria de aguas, procedimiento que "tiene una dificultad porque esta declaración no está regulada ni en la normativa nacional ni en la autonómica", por lo que se está pendiente de un pronunciamiento formal sobre su solicitud para "buscar la solución".

"La Confederación ha comunicado la decisión de tener unos parámetros de vertido que son los de las aguas subterráneas, más rigurosos que los de las superficiales, para lo que se están haciendo los estudios y pruebas pertinentes".

El portavoz del PSOE, Antonio Ramírez de Arellano, señaló que se trata de un proyecto de extraordinaria relevancia para una comarca que ha pasado "por muchas dificultades" y, en este sentido, lamentó la actitud del PP en la anterior legislatura citando unas palabras del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno: "Aznalcóllar es la punta del iceberg del gran escándalo de Susana Díaz".

Por ello, pidió al consejero que en esta nueva etapa impulsen el proyecto de explotación de la de mina "y no cuestionen las actuaciones del pasado", tras lo que aseguró que la Junta contará con la "colaboración" del PSOE.