El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, anunció ayer que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha convocado para la próxima semana una reunión técnica del grupo de trabajo de especies exóticas invasoras con el objetivo de "promover la coordinación y el intercambio de información entre administraciones, realizar la evaluación y diagnóstico de la situación del sector del cangrejo rojo e impulsar soluciones". Al encuentro está convocada la Junta, después de que una sentencia del Tribunal Supremo haya dado la razón a las organizaciones ecologistas que recurrieron varias disposiciones del Real Decreto 630/2013, que regula el catálogo español de especies exóticas invasoras, que permitían a la industria agroalimentaria comercializarlo.

El delegado ha llamado al consenso a la Junta para "buscar soluciones efectivas" a la actividad de pesca y comercialización y ha invitado a la administración andaluza a que apruebe, como una de las vías de solución, "un plan de control que garantice la actividad en el municipio de Isla Mayor", donde se estima que el 70% de la población vive directa o indirectamente del cangrejo rojo, introducido en 1974 ya con un fin industrial y que, paradójicamente, siempre ha contado con el apoyo de las administraciones públicas, a pesar del vacío legal. Los 250 pescadores que están registrados en Isla Mayor usan una licencia de pesca deportiva.

Por último, Sanz precisó que la Delegación del Gobierno ha puesto en manos de la Abogacía del Estado las posibles vías jurídicas en relación con la sentencia del Supremo, para "encontrar soluciones de apoyo al sector".

Los empresarios, agrupados en la Asociación de la Pesca y Acuicultura del Entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua), ya han elevado además al Alto Tribunal un "incidente de nulidad", en el que, entre otras razones, hablan de "indefensión" porque no se les ha "emplazado" en el litigio. También aluden a la aplicación, por parte del Supremo, de "una normativa no vigente en el momento de dictar sentencia"; y a "la interpretación ilógica e irrazonable del concepto de recurso zoogenético recogido en la Disposición Adicional 3ª de la Ley 42/2007.

El sector reclama que la "retroacción de las actuaciones al momento anterior" a la sentencia y que el fallo no se aplique en tanto que no se resuelva el incidente "ante el enorme riesgo de pérdida de puestos de trabajo y del medio de vida de toda una comarca, que provocaría una ruina social irreparable en la zona".