Los inquilinos de las 58 viviendas de protección oficial (VPO) de Prosuvisa -sociedad del Ayuntamiento de Santiponce declarada en concurso de acreedores en 2013- volvieron a manifestarse ayer para reclamar que la Junta compre los inmuebles, adjudicados a un fondo de inversión, Japp Samarfa, en subasta pública.

Según explicó ayer Eva Querencio, una de las inquilinas, el delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Jesús María Sánchez, les trasladó que ya hay un informe jurídico favorable para que la Junta pueda ejercer el derecho de tanteo o retracto sobre las mismas, algo sobre lo que había dudas al pertecener a dos planes de viviendas diferentes. "Son buenas noticias, pero no detendremos las movilizaciones hasta que este todo por escrito", destacó la portavoz.

Las dos promociones de VPO en régimen de alquiler están ubicadas en las calles Natalio Muñoz y Mercedes Ortega Farfán. Para su construcción, Prosuvisa suscribió un préstamo de unos 1,5 millones de euros. Pero en 2013 entró en concurso de acreedores, declarado como fortuito en 2015 por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla. Ese año se aprobó también el plan de liquidación de la sociedad municipal.