La Diputación de Sevilla tiene ya disponibles -ayer se aprobaron las bases en un Pleno extraordinario- los 40 millones de euros con los que ha dotado el Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR). Son los adelantos con los que desde 2007, cuando el grifo de los bancos se cerró, muchos municipios afrontan el pago de nóminas atrasadas, aunque es un dinero que tienen que devolver. Desde entonces, se han inyectado más de 100 millones. Como novedad ahora, además de para nóminas o realizar inversiones (una opción que se incorporó después) los FEAR tendrán otros fines. Así, los alcaldes pondrán pedirlos para pagar sentencias en contra de sus ayuntamientos, frecuentes, por ejemplo, por despidos improcedentes o impagos a proveedores y que llegan tras años de litigio. También podrán hacerlo para pagar deuda con la Seguridad Social, aunque será preceptivo tener aprobado un acuerdo de fraccionamiento con el Estado. Se ahorrarían el 4% de interés.

En el caso del pago de sentencias, el dinero adelantado se podrá devolver en 37 meses, es decir lo que dura el mandato. Como novedad este año también se podrán pedir créditos con ese periodo de devolución para "sanear" el remanente de tesorería negativo que, en su caso, siguen arrojando algunos municipios. En cuanto a las deudas con la Seguridad Social, se podrán devolver en el mismo plazo que se haya conveniado con el Estado, siempre que éste no exceda de las 110 mensualidades.

También en 110 meses habrá reintegrar el dinero para refinanciar los créditos a la largo plazo que se tengan con bancos y ahorrarse los intereses. No obstante, en muchos de esos casos con un amplio periodo para devolver el dinero, además de cumplir con aspectos como tener la liquidación del presupuesto de 2014 y el presupuesto de 2015 aprobados, los ayuntamientos no pueden puede sobrepasar un tope de endeudamiento, que, de momento, deja fuera a municipios con problemas, como Los Palacios. También tendrán un plazo de 110 meses de devolución los FEAR para inversiones. Los FEAR para "necesidades de tesorería transitorias", es decir, para nóminas atrasadas, se deben devolver en once meses como máximo y, en este caso, la deuda no será un problema.

A estas líneas se podrán acoger todos los ayuntamientos que tienen convenio de recaudación con el Opaef -el organismo de gestión de impuestos de la Diputación-. Tendrán un plazo de quince días para solicitarlos desde que las bases se publiquen en el BOP, en unos días. Hay una cantidad máxima por municipio. Teniendo en cuenta esto y que algunos no han aprobado todavía sus presupuestos de 2015, ni liquidado los de 2014, sobrarán fondos, que se sacarán en otra convocatoria, ya para noviembre. Fue, precisamente, este aspecto el que dio lugar a mayor debate en el Pleno, aunque las bases del programa se aprobaron por unanimidad.

El PP presentó una enmienda con la que, como defendió la portavoz Virginia Pérez, se proponía que el plazo para solicitarlos se ampliara de los 15 días previstos a 45, en una única convocatoria. Los ayuntamientos que no están al día con los requisitos podrían cumplimentarlos, teniendo en cuenta que ha habido elecciones y cambios de gobierno. Desde el gobierno, la portavoz Trinidad Argota, y Manuel García Benítez, diputado de Hacienda, defendieron de la fórmula elegida ya cubre las necesidades de la mayoría: las de los cumplidores, que demandan una ayuda rápida, y las del resto, con la convocatoria de noviembre.

Sí que se aprobó una enmienda que la diputada de IU Engracia Rivera presentó in voce. Como se prevé en el artículo 50 de la Ley de Haciendas Locales, habrá algunas excepciones en las que, sin tener el presupuesto, se podrá pedir un anticipo, aunque se deben tener pagados todos los demás, y, si están vinculados a alguna modificación del presupuesto, la urgencia de ésta debe estar justificada.

En general, los grupos de la oposición coincidieron en reclamar más flexibilidad para que nadie se quede fuera. Incluso, el diputado de Participa Sevilla, Julián Moreno, recordó que hay una línea interventores y secretarios que ya ni siquiera interpreta estos adelantos de fondos como préstamos al uso -es dinero que se cobra, después, de la recaudación de los propios impuestos locales, y sin interés- lo que permitiría abrir el abanico. El presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, defendió que el programa se hace para los 104 ayuntamientos, pensando en "lo mejor" para todos, ciñéndose a las exigencias legales y que la mayoría de los ayuntamientos cumple los requisitos para pedirlos. Pero instó a los grupos a hacer cualquier aportación que consideren oportuna para mejorar y abrir incluso más las bases en próximas convocatorias.