Los abogados de la familia de Carlos Parra, el hombre fallecido en un accidente de tráfico provocado por el torero José Ortega Cano, han denunciado sus intentos de dilatar el ingreso en prisión y han dicho que un hipotético indulto "sería un escándalo". Los abogados Luis y Andrés Romero han explicado en rueda de prensa que el ingreso del torero en prisión para cumplir su condena de dos años y medio de cárcel solo puede retrasarse ahora un mes, debido a su última petición de suspender dicho cumplimiento. 

Tanto la Fiscalía como el tribunal sentenciador se han opuesto al indulto y la Audiencia de Sevilla ha rechazado el incidente de nulidad planteado por el hecho de que la sentencia definitiva diese validez al test que detectó en la sangre del torero triple alcoholemia de la autorizada. Según Andrés Romero, un hipotético indulto por parte del Consejo de Ministros "sería un escándalo público y la sociedad tomaría algún tipo de represalia" pues "después de otros escándalos, este sería la gota que colma el vaso". 

Los letrados han destacado que el torero "no ha asumido ninguna responsabilidad ni ha demostrado ningún arrepentimiento" y por ello sus clientes afrontan la situación "sin rencor ni ánimo de venganza pero con serenidad" para exigir que se cumpla la condena. El momento de cumplimiento efectivo "está cada día más cerca" y los intentos de aplazar el ingreso en prisión solo le están acarreando ser condenado a pagar las costas "como una forma de castigo", según Luis Romero. 

Ortega Cano fue condenado a dos años y medio de cárcel por un accidente de tráfico ocurrido en mayo de 2011 cuando conducía su vehículo todoterreno en las proximidades de su finca en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). 

Los abogados han mostrado a la prensa las dos resoluciones sucesivas de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en las que se opone al indulto porque el acusado "no ha asumido su gravísima responsabilidad" y niega la nulidad al aceptar como prueba el análisis de sangre que hizo al torero el hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde quedó ingresado en estado grave. 

La alcoholemia de 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre fue anulada por el juzgado penal 6 de Sevilla porque presuntamente se rompió la cadena de custodia de las muestras. Ahora, la Audiencia razona que no es cierto que este tribunal modificase los hechos probados que declaró el juzgado penal ni que tal condena se hiciese en base a una distinta valoración de las pruebas personales. "Se trataba de una cuestión jurídica de interpretación de la normativa aplicable a la cadena de custodia", dice la Audiencia, por lo que al tratarse de un debate jurídico no era preciso volver a tomar declaración al acusado ni a los enfermeros que intervinieron en la extracción y traslado de las muestras. 

La Audiencia, además, se opone al indulto porque el acusado "no asume su gravísima responsabilidad criminal y la niega abiertamente a pesar de las abrumadoras evidencias demostrativas de que su proceder fue total y absolutamente reprobable". Las enfermedades invocadas por el condenado "no son en absoluto incompatibles con la vida en prisión"  y además Ortega Cano podrá beneficiarse de la "sumamente generosa legislación reguladora del régimen penitenciario", según la Audiencia.