El vicesecretario general de Obras Públicas y Transportes del PP-A, Jaime Raynaud, criticó ayer que el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) sitúe el 80% del crecimiento residencial previsto en la ya "sobresaturada" primera corona metropolitana, sin aportar soluciones a los problemas en materias de infraestructuras y transporte.

Así lo aseguró tras la reunión que mantuvo junto a los alcaldes y portavoces populares de los 46 ayuntamientos afectados por el documento, del que Raynaud lamentó además que el partido al que representa haya tenido conocimiento del mismo "a través de los medios de comunicación", a excepción de "algunas llamadas oficiosas".

Así, consideró que el Potaus "llega tarde" y recordó que "lleva 20 años metido en el cajón mientras los ayuntamientos han ido creciendo de forma desordenada". El también concejal popular en Almensilla aseguró que "el problema del Aljarafe no se resuelve sólo con áreas de oportunidad irregularmente repartidas".

Concretamente, detalló que el 80% de las viviendas previstas se reparten entre Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada y Sevilla, por lo que se preguntó "qué va a pasar cuando estén en carga" y manifestó su preocupación por la falta de infraestructuras, equipamientos y servicios para dar respuesta a esa demanda.

Del mismo modo, insistió en la necesidad de "potenciar la segunda corona y que en la primera prevalezcan las infraestructuras para dar respuesta a los problemas que hay hoy en día" y advirtió que "si no hay respaldo en los presupuestos de la Junta y el Estado es papel mojado".

Las áreas de oportunidad del Potaus suponen "un parche para tapar la incongruencia del POTA, (Plan de Ordenación Territorial de Andalucía) con un reparto sectario y discriminatorio", y rechazó también el horizonte temporal de 20 años que marca el plan. "¿Para quién estamos legislando, para nuestros nietos?", agregó.

Raynaud explicó que el PP ofrecerá una valoración del plan más detallada cuando le sean respondidas oficialmente las alegaciones presentadas al plan y acusó a la Junta de proferir un "trato discriminatorio" a los municipios del Partido Popular, que ni siquiera tenía un representante en la comisión de redacción que se constituyó expresamente.