Un día después de que se conociera el escrito de la Fiscalía, en el que afirma que existen "indicios más que poderosos" que implicarían al alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, en las irregularidades en ACM, y pidiera al juzgado que remita toda la instrucción al Supremo, las reacciones se suceden. El secretario de Política Federal del PSOE y número uno en la lista en la que Limones iba de número tres por Sevilla, Antonio Pradas, respaldó al diputado: "Ha dado sobradas explicaciones de que en ningún momento ha formado parte del consejo de administración o de los órganos directivos de esas empresas", destacó, pese a que ACM se creó durante su mandato y presidió la junta general, que coincide con el Pleno.

Pradas puso el acento en que, "motuproprio", trasladó al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas la documentación "porque es el primer interesado en que todo este tema se clarifique" y subrayó que ya en una ocasión la causa llegó al Supremo, "que lo devolvió diciendo que no había ningún tipo de indicio de delito", instando a seguir investigando. "Confío en que eso va a ser así en un futuro", dijo.

La oposición, por su parte, volvió a reprochar a Limones que esté usando la Alcaldía para jugar las cartas de su futuro político. "El alcalde ha unido su futuro judicial y su supervivencia política al destino y rumbo de Alcalá", una ciudad sumida en "la continua incertidumbre", destacó el PP, y añadió en una nota que Alcalá es "un rehén para negociar con el PSOE de Sevilla una salida apropiada".

El PA instó en un comunicado al alcalde a ser "coherente" y dimitir "si finalmente el caso sigue adelante, ya sea en el Supremo o en la justicia ordinaria", ya que el aforamiento de Limones cesaría al disolverse la Cámara Baja. "No tiene lógica alguna que presuma de las cosas positivas de su gestión y trate de desvincularse del instrumento que creó para dar mayor repercusión a su gestión; un alcalde lo es para lo bueno y para lo malo". También le instaron a "defender los intereses generales de Alcalá", personando al Ayuntamiento en la instrucción de una causa que suma ya casi tres años.

Desde el gobierno socialista de Alcalá se destacó que la petición de la Fiscalía para que se eleven al Supremo las diligencias es "tan sólo un trámite a lo procesalmente establecido", que "la única novedad vuelve a ser la utilización política del asunto que supone que el alcalde siga en una situación de indefensión, al asociarse su nombre a un asunto en el que aún no se ha revelado, fehacientemente, el porqué de su implicación".