El Pleno de la Diputación de Sevilla rechazó ayer, con los votos en contra del PSOE y la abstención del PA, que se haga una comisión de investigación en Prodetur de 2007 a 2009 a raíz del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, como proponía el PP, aunque aseguró que asumirá las "recomendaciones y salvedades" que hace este organismo. Tampoco se aprobó la propuesta del PP de "dar traslado a la Fiscalía del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas" y que el mismo "se eleve al Tribunal de Cuentas para su estudio y conclusiones". Izquierda Unida instó al gobierno provincial a exigir a los altos cargos indemnizados que devuelvan lo recibido.

Ante tales críticas, el portavoz del PSOE en la institución provincial, Francisco Díaz Morillo, aseguró que el informe de la Cámara de Cuentas no pone de manifiesto "irregularidad e ilegalidad ninguna", sino "recomendaciones y salvedades que se están subsanando en el menor tiempo posible", y sugirió al PP que acuda a los tribunales a denunciar los hechos. Por último, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, cerró el debate aclarando que las indemnizaciones a los altos cargos son legales, aunque admitió que no le gustan. "Lo que he pensado es que si vuelvo a ser presidente le haré firmar la renuncia en el nombramiento, porque tampoco estoy de acuerdo", concluyó Villalobos, quien añadió también que "se está hablando de 800 ó 900 euros".

El Pleno aprobó también por urgencia adelantar 15 millones a la Junta para la construcción y mejora de infraestructuras educativas en la provincia.