El presidente de la Diputación de Sevilla y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp), Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), se ha convertido en una de las voces que está defendiendo desde el Sur la controvertida propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para que los ayuntamientos y las diputaciones presten al Estado los ahorros acumulados en la última década, fruto de las leyes de contención del gasto, con el compromiso de devolución. Sólo a los que lo hagan, se les abrirá la mano para que puedan disponer, más o menos libremente, de parte del dinero.

Pese a la división del jueves en la reunión de portavoces de la Femp (Federación Española de Municipios, con la que el Ministerio de Hacienda negocia esta otra vía para lograr liquidez), Villalobos defiende los préstamos, con los que el Gobierno espera obtener unos 15.000 millones de euros: "Es por un principio de solidaridad. Por las circunstancias, hay un gasto social tremendo por parte del Estado y prefiero que ese dinero responda a esa necesidad a que esté en los bancos", siempre que se respete la autonomía local y se reconozca que las entidades locales han sido la única administración que ha generado superávit en los últimos años y no deudas, ha asegurado a Diario de Sevilla.

El 50% de los fondos se devolverán en dos años y podrán ir a inversión y gasto social y cultural

Según Villalobos, esos depósitos antes generaban intereses, ya no. Los fondos inmovilizados de la Diputación tienen un coste de más de un millón de euros al año. De mantenerse los porcentajes actuales que se manejan para el acuerdo, aunque todo depende de cómo quede la propuesta tras la negociación, la corporación podría transferir al Estado entre 180 y 200 millones de euros en préstamos, aunque el dato está por confirmar.

Lo importante del acuerdo, según considera el presidente, es que los fondos sirvan para responder a las actuales circunstancias del país, a través de los ayuntamientos y del Estado. Los detalles dependen de la negociación, que no está cerrada.

Según sus datos, la idea es que ayuntamientos y diputaciones le presten el 80% de sus remanentes, de forma voluntaria. “Dependerá de la decisión de cada pleno, no solo del alcalde que puede tener mayoría o no”, recuerda.

El Estado devolvería el 50% entre este año y el que viene mediante transferencias finalistas para inversiones en movilidad sostenible y agenda urbana y para gasto corriente en políticas sociales y de Cultura. En el caso de la Diputación, serían entre 90 y 100 millones, aproximadamente y con los porcentajes apuntados, que se destinarían a los municipios.

El resto se amortizará en 10 años y el Estado podría "tener en cuenta", dice Villalobos, una subida de intereses en el mercado financiero al reintegrarlos. Esa operación y esos ingresos no computarían en la regla de gasto y en la estabilidad presupuestaria.

Las inversiones recogidas son más amplias que las inversiones financieramente sostenibles (que no generen gastos estructurales) que se permitían con el superávit del año previo, el conocido como Plan Supera en el caso de la Diputación. Ésta estaba adelantando los proyectos para la octava edición, a la espera de un decreto que autorizara el gasto. En su lugar ha llegado esta propuesta de los préstamos de remanentes al Estado.

Villalobos asegura que el uso del superávit puede que sea otra de las novedades del acuerdo, ya que se ha apuntado que las diputaciones podrán destinarlo ahora a auxiliar a los "ayuntamientos en la UCI", en una situación financiera mala o extrema y que no han remontado desde la crisis económica anterior.

Los ayuntamientos podrán prestarlo voluntariamente, si se aprueba en los plenos

Podría ser, según el presidente, con "operaciones de préstamos a largo plazo sin intereses y con concidiciones muy favorables" a aquellos municipios que "señale" el Ministerio, aunque los que arrastran dificultades en Sevilla son conocidos: Huévar, Burguillos, Almensilla o Los Palacios, entre otros. Los Fondos Extraordinarios de Anticipos Reintegrales (Fear) que recoge el presupuesto no se verían afectados.

El presidente de la Famp también ha destacado que como compensación las entidades locales puedan participar como beneficiaras de los fondos europeos recibidos del Fondo de Recuperación de la UE, con 140.000 millones para España.