A la entrada de Benacazón -6.900 vecinos- hay un descolorido cartel en un descampado que anuncia la "próxima construcción" de un centro comercial. "No hay nada de eso, la mayoría de las empresas que firmaron convenios con el Ayuntamiento para el desarrollo de proyectos de suelo han terminado en concurso de acreedores", explica Juana Mari Carmona, alcaldesa socialista desde junio, cuando la cuestión de confianza que presentó el alcalde del PP que resultó elegido tras las elecciones no prosperó y tuvo que renunciar. Lo hace para explicar que este Ayuntamiento del Aljarafe interior no va a contar con ingresos adicionales que den oxígeno ante la compleja situación a la que se enfrenta. Peor que otros pueblos. Por una razón concreta: el gobierno local, entonces del PP y aludiendo al caos contable con el que se topó, no elevó a Pleno propuesta de plan de ajuste cuando se abrió el plazo para hacerlo. El Estado le dará ahora un tratamiento más severo que al resto para cobrarse la deuda que tenía con sus proveedores.

Fueron casi cuatro millones de euros que el ICO traspasó a las empresas afectadas. El Ayuntamiento tendrá que devolverlos en sólo cinco años -el resto de ayuntamientos tienen diez, con dos de carencia-. El Estado se lo cobrará quedándose con el 50% de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), más una parte de la Participación de los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), que supone ahora un total de 102.000 euros al trimestre. Si pasados cinco años queda pendiente dinero, se aplicará un interés del 20%, muy por encima del resto, que se ha quedado en el 5,95%. La orden en la que se establecía la fórmula se conoció a principios del pasado mes de septiembre, el primero en el que se le aplicará la retención.

"Sólo se está pagando la luz, el agua, el teléfono y el combustible", destaca Carmona para resumir el esfuerzo realizado por adelgazar la estructura municipal. Todos los servicios susceptibles de ser externalizados lo están ya. Los últimos han sido la guardería municipal, que inició el curso con esa fórmula de gestión, y la ayuda a domicilio, que será asumida por una empresa privada este mismo mes.

Aunque lo más llamativo, por lo que tiene de simbólico, es el cierre de la Biblioteca municipal, con más de 20 años de trayectoria en la localidad. Fue de los primeros servicios, más allá de lo básico, en los que se embarcaron los ayuntamientos tras recuperada la democracia. Según Carmona, el edificio donde se ubica es pequeño y no da un buen servicio, los fondos están anticuados y sin posibilidad de renovarse. Había, de hecho, un proyecto para trasladarla al antiguo consultorio, pero la rehabilitación del inmueble está a la mitad y no hay dinero para culminarla. La nueva fase se iba a incluir en el plan provincial de obras de la Diputación, al que Benacazón ha renunciado por primera vez, como lo ha hecho a cualquier subvención que implique cofinanciación municipal. Sólo se mantienen el Plan de Emergencia Municipal (contrataciones a personas en riesgo de exclusión) y el Pfoea, que tienen una aportación pequeña.

La persona que estaba contratada como bibliotecaria ha sido uno de los dos últimos despidos que ha notificado el Consistorio, junto al del conserje del campo de fútbol. En este caso, se está negociando para que el equipo local asuma sus labores, abriendo y cerrando las instalaciones, y las tareas de mantenimiento.

El gobierno socialista ha reducido además a la mitad la jornada y salario a ocho trabajadores. Algunos le han trasladado que prefieren el despido, consideran que con la mitad del sueldo no les da para vivir. Carmona cree que es mejor ese empleo en precario que el paro, tal y como están las cosas. Esa tónica será su apuesta si hay que hacer más ajustes, confiada en que las cosas deben mejorar pasado un tiempo. El gobierno local también ha quedado con tres concejales liberados a media jornada. En total, despidos y reducciones supondrán un ahorro al mes de 44.000 euros, prácticamente lo que se va a perder de la PIE.

Pero desde que arrancó el mandato, en julio de 2011, la plantilla municipal se ha reducido en un 25% con finalizaciones de contratos y despidos improcedentes, que han afectado a 20 personas. Otras 13 han pasado a estar subrogadas por empresas privadas. La plantilla municipal se ha quedado con 60 personas, de las que ocho están a mitad de jornada. Y quedan todavía años muy duros por delante.