El fiscal pedirá la próxima semana tres años de cárcel y diez de inhabilitación para José Manuel Aviñó, ex alcalde de Isla Mayor, por ordenar el pago de 5.701 euros el día previo a su cese y pese al informe en contra del tesorero y del interventor municipal.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, dice que Aviñó ordenó el 13 de junio de 2003, día previo a su cese como consecuencia de unas elecciones municipales, el abono de 5.701 euros a la Empresa Municipal del Suelo (Emsimsa), de la que él era presidente.

Dicho abono se hizo pese al informe en contra del tesorero e interventor municipal y su destino "no se justificó en ningún momento" ni figuró en la contabilidad de la citada empresa.

Tal importe estaba destinado, según el fiscal, a pagar salarios atrasados a varios trabajadores, pero el único que cobró cierta cantidad fue un arquitecto que recibió 700 euros.

Todo ello se hizo "sin que existieran fondos disponibles y existiendo un embargo sobre los créditos de dicha empresa de enero de 2003 por parte de la Agencia Tributaria", por lo que la empresa se encontraba en bancarrota y prácticamente liquidada en esa fecha.

El cheque fue cobrado en el banco por la empleada encargada de la contabilidad en la empresa municipal, con una autorización de Aviñó al concejal Manuel Paredes Garrido, igualmente procesado.

En el juicio que celebrará el próximo lunes la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, el fiscal imputará a Aviñó un presunto delito de prevaricación, por el que pedirá siete años de inhabilitación para cargo público, y otro de malversación de fondos públicos, por el que reclama tres años de cárcel y diez de inhabilitación.

Igualmente reclama que devuelva el dinero supuestamente malversado al Ayuntamiento, y para el concejal Paredes solicita, por un delito de malversación, tres años de cárcel y seis de inhabilitación.