Las barreras arquitectónicas siguen presentes en la vida pública. Pese a las diferentes normativas de las distintas administraciones para eliminarlas, la realidad cotidiana evidencia que aún existen numerosos edificios en los que los discapacitados no pueden desplazarse con autonomía debido a los obstáculos que encuentran, una dificultad que impide su integración total.

El edificio que acoge los juzgados número 1 y 2 de Alcalá de Guadaíra son un ejemplo de la falta de adaptación a la normativa que regula la eliminación de las barreras arquitectónicas. En este centro -con bastante antigüedad- se vivió ayer un episodio que uno de los protagonistas llega a calificar de "dantesco" por la situación sufrida. La abogada Sandra Márquez tenía a las 11:00 un juicio con su cliente -que responde a las iniciales de A. T. O.- en la sala de vistas, situada en la planta alta del edificio. Su defendido sufre una discapacidad que le obliga a desplazarse en silla de ruedas.

Ante esta situación, la letrada preguntó días antes si los juzgados contaban con un ascensor, lo que le fue negado. Los funcionarios le comentaron en ese momento que llevan años reclamando que se instale uno en el patio de grandes dimensiones que posee el edificio, pero que todos los intentos han caído en saco roto.

Al llegar la hora del juicio, esta abogada se vio obligada a buscar ayuda externa para que su cliente accediera a la sala donde iba a celebrarse. Para ello llamó a su compañero de despacho, también abogado, y a un bombero que subieron a A. T. O. en silla de ruedas. "Ni las personas que trabajan allí ni yo nos veíamos con fuerzas suficientes para subirlo a pulso, pues la silla pesa bastante y podríamos provocarle alguna lesión a mi defendido", relata Márquez.

La escena que se vivió avergonzó a todos los presentes. Por una escalera de anchura limitada dos personas tenían que maniobrar en pocos milímetros para subir a un discapacitado sin que sufriera ningún percance. "Aquello fue tercermundista", recuerda la abogada, a quien los trabajadores de los juzgados alcalareños le confirmaron que ya se han vivido casos como éste con otras personas de movilidad reducida, lo que dificulta las actuaciones judiciales que conciernen a dicho colectivo.

Márquez exige que en este juzgado se eliminen las barreras arquitectónicas, pues mientras esto no suceda se estará discriminando al colectivo de personas que tienen una movilidad reducida. "Este edificio supone un claro desprecio para los discapacitados", apostilla la abogada.