El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha iniciado los trámites para sacar a licitación la redacción del proyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Guillena, por un importe de cerca de 250.000 euros.

Esta actuación, que forma parte de las obras de saneamiento del entorno de Doñana, está declarada de Interés General del Estado en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Según detalla el Ministerio en un comunicado, las actuaciones planteadas consisten en la construcción de una EDAR en Guillena con capacidad para tratar las aguas residuales de una población de 13.000 habitantes equivalentes.

Otra parte de las actuaciones consistirá en estudiar la posibilidad de que la nueva estación depuradora pueda también depurar las aguas de Torre de la Reina, que actualmente no dispone de sistema de tratamiento, y de Las Pajanosas, que cuenta una estación depuradora operativa en la actualidad que no tiene capacidad suficiente para tratar todas las aguas residuales.

Los trabajos están incluidos en el Protocolo suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía por el que se definen las actuaciones a acometer por ambas administración para asegurar el cumplimiento de la citada Directiva.

Las actuaciones a ejecutar estarán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Fondos Feder).

Este proyecto se enmarca, también, en el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia (Plan Crece) que está ejecutando el Ministerio para mejorar la calidad de las aguas que llegan a los ríos.

Este Plan prevé unas inversiones en materia de depuración de 1.200 millones de euros para la puesta en marcha de una serie de trabajos, financiados con Fondos Europeos, destinados a conseguir que todos los municipios depuren adecuadamente sus aguas residuales, conforme a la Directiva Marco del Agua, ya que un agua mejor depurada incide directamente en el bienestar de los ciudadanos y porque una depuración adecuada es vital para el mantenimiento de los ecosistemas.

El retraso con el que se están ejecutando las depuradoras de aguas residuales sigue suponiendo un sobrecoste para los ayuntamientos en forma de sanciones. En teoría, la directiva marco de la UE en materia de aguas obligaba a que, desde 2016, los municipios depuraran al 100% sus aguas urbanas, algo que no ocurre todavía en un buen número de municipios, si bien sólo suponen el 15% de la población. Algunas de estas depuradoras debía impulsarlas la Junta, con ese canon.

Según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sólo entre los meses de enero y noviembre de 2016 se pusieron 57 sanciones por vertidos en la provincia de Sevilla, por un montante de 280.000 euros. El 90% de esos 57 expedientes sancionadores recayeron en ayuntamientos de Sevilla.