La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, ha planteado investigar otra vez al alcalde de Tomares, José Luis Sanz (PP), en relación con el caso de los informes de un frase por los que el Ayuntamiento de esta localidad pagó durante dos años más de 2.000 euros al mes al edil de Medio Ambiente, Juan Campos, quien iba en las listas del PP pero no resultó elegido en las anteriores elecciones.

Fuentes judiciales han confirmado que la juez ha dictado una providencia, que tiene fecha del 10 de junio, en la que ha decidido librar oficio al Senado para que se certifique la situación actual en relación con el aforamiento del alcalde de Tomares, José Luis Sanz. Según las mismas fuentes, este trámite se ha iniciado porque la magistrada tiene intención de citar a declarar en calidad de investigado al alcalde tomareño.

La decisión de la instructora se produce tras la petición de la Fiscalía, que solicitó a la magistrada que interpelara al Senado para que certifique si el alcalde ostenta la "condición de aforado por ser senador electo o miembro de la Comisión Permanente del Senado".

La instructora se habría basado en nuevas revelaciones realizadas por la Policía, que a través de fotografías habría comprobado que los trabajos pagados a Juan Campos no se habrían realizado supuestamente, lo que unido al informe pericial, habría llevado a iniciar de nuevo los trámites para tomarle declaración como investigado.

El pasado 17 de abril de 2015, el Tribunal Supremo exculpó al alcalde de Tomares de las supuestas irregularidades relacionadas con los informes de una frase, al considerar que no hay "indicios relevantes" de que el aforado incurriera en delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. 

La juez Reyes Flores Canales había elevado la exposición razonada al considerar que podían existir indicios contra el alcalde de Tomares, pero el Alto Tribunal entendió que en ese informe "no se mencionan" los concretos indicios de criminalidad existentes contra el aforado, "únicamente se dice que pudieran existir indicios contra el mismo, pero sin concretar cuáles" y recordaba que inicialmente la denuncia de la Fiscalía de Sevilla no se dirige contra el alcalde. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo señaló que en el periodo comprendido entre octubre de 2007 y octubre de 2009, únicamente se imputa al alcalde la firma del contrato con Juan Campos, a propuesta del concejal de Presidencia, Eloy Carmona, y la firma del documento inicial de aprobación de gasto, de 6 de mayo de 2008. 

El auto del Alto Tribunal explicaba que las facturas presentadas, que supuestamente no se corresponden con ningún servicio prestado, fueron firmadas por el concejal de área y visadas por el interventor, "sin que conste participación o intervención alguna del alcalde en estas funciones de control y verificación en la ejecución del contrato". 

El PA aplaude que declare "el eslabón perdido"

Para el portavoz del Partido Andalucista (PA) en el Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado, "la Fiscalía y la Juez han dado los pasos oportunos que permitan al fin que sea interrogado el eslabón perdido de la presunta trama de corrupción del PP de Tomares: José Luis Sanz. Hasta ahora ha estado aforado lo que ha impedido siquiera interrogar a quien propuso, contrató y autorizó con su firma el pago de las facturas falsas del ex concejal del PP Juan Campos".

"Muy al contrario de lo que afirmó Sanz en las elecciones de mayo, el Supremo no lo había absuelto, no se puede absolver a quien ni tan siquiera se puede interrogar, sino que la causa ha quedado en parte suspendida ante la imposibilidad de avanzar debido al aforamiento de Sanz por la condición de Senador", aseveró Mercado, para quien "la disolución del Senado y la enorme cantidad de casos de presunta corrupción en senadores del PP ha hecho que la Mesa Permanente se les quede pequeña y que Sanz haya quedado en este momento a disposición de la Justicia universal y no de la Justicia Suprema".

El edil andalucista espera que "al fin se aclare todo y que Sanz colabore con la Juez de Sevilla. Ha tenido más de un año, desde que el Supremo no permitió investigarle, para comparecer voluntariamente, pero Sanz ha preferido no hacerlo. Ahora tendrá que declarar como cualquier otro alcalde al no ostentar la condición de Senador. Esperemos que colabore y permita que la juez pueda terminar la instrucción del caso Tomares antes de que se agoten todos los plazos", concluyó.