La inmensa mayoría de los 33 trabajadores de Emdespal (Empresa de Desarrollo de Palomares) han mostrado su desacuerdo con la salida que el gobierno local del PP quiere dar al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se aprobó hace un año y vence en enero. Según los representantes de los trabajadores, la alcaldesa, Dolores Rodríguez, ha planteado que 17 personas (los trabajadores de la guardería, la biblioteca y de obras y servicios) sean subrogadas por el Ayuntamiento, con contratos temporales en los que no se reconocerá su antigüedad, que supera el lustro en muchos casos. Quedarían expuestas así un eventual despido sin ver reconocidos sus derechos. A las otras 16, con los que Rodríguez se reunió por separado, se les ha propuesto el despido con el compromiso de que cobrarán las nóminas atrasadas y una indemnización de 20 días por año trabajado, la que está recogida en la ley concursal, con la que el PP quiere liquidar la empresa.

Fuentes sindicales explicaron que los trabajadores rechazaron en asamblea una propuesta que les ha llegado por sorpresa, en tanto que la promesa del PP en la campaña electoral de las municipales fue luchar por los puestos de trabajo. Se podría haber optado por prorrogar el ERTE, recuerdan. CSIF y CCOO van a presentar una demanda colectiva contra Emdespal y, de forma subsidiaria, contra el Consistorio (la empresa es de capital cien por cien municipal) por despido improcedente y cesión ilegal, ya que consideran que la plantilla ha prestado servicios públicos que corresponden al ayuntamiento y reclaman ser reconocidos como interinos del mismo. En la asamblea se acordó que se concentrarán todos los días a las diez de la mañana a las puertas del Consistorio. Lo hicieron ayer por primera vez.

Este desencuentro con el gobierno local, en el que está también la Unión Independiente de Palomares, bajo cuyo gobierno se impulsó la sociedad, se produce después de que hace un año los trabajadores de Emdespal aceptaran un ERTE que se negoció con el entonces alcalde del PSOE y que supuso el despido de siete personas y la subrogación al Consistorio de 33 con una reducción horaria y salarial del 30%. La alcaldesa ha esgrimido de nuevo ante la plantilla la deuda municipal de 18 millones y la situación de quiebra de la sociedad, aunque los sindicatos recuerdan que el Consistorio lleva años sin aportarle el dinero que le corresponde. "La sensación es de rabia e impotencia", destacaron las fuentes, que señalaron que hay trabajadores afectados que llevan once años en la empresa. Rodríguez ha convocado hoy a los medios de comunicación para informar sobre supuestas irregularidades y de las medidas que va a tomar.