La sentencia del Tribunal Constitucional que, desde febrero, apuntaba que no se debe cobrar el impuesto de la plusvalía cuando no ha habido ganancia en la venta de un inmueble, que se confirmó en mayo para todo el país, ha disparado las alegaciones presentadas por contribuyentes. Sólo en el Opaef (Organismo de Asesoramiento Económico y Fiscal, que gestiona el impuesto en buena parte de los municipios de Sevilla, aunque no en todos), hasta el 30 de noviembre se han presentado 931 alegaciones, un 60% más que en el mismo periodo de 2016. La mayoría -560- se fundamentan en la falta de incremento de valor tras el fallo del Tribunal Constitucional, si bien sólo en un 5% de las mismas se han aportado las tasaciones periciales que se están pidiendo para dejarlas en suspenso. De otra manera y hasta que no exista otra regulación del impuesto, éste se calcula aplicando un coeficiente sobre el valor catastral del suelo sobre el que se alza el inmueble -no sobre la diferencia entre la compra y la venta- por lo que hay que demostrar la devaluación.

Pese a todo, las liquidaciones que se alegan son una mínima parte de las que se hacen. De enero y noviembre fueron 8.366 en el Opaef, lo que supone que se ha alegado poco más del 11% de total. Hay que tener en cuenta que este impuesto se aplica también por mortis causa, es decir, cuando una persona recibe un inmueble en herencia y, en ese caso, no hay devaluación que demostrar, porque tampoco hay venta, aunque algunos municipios sí que bonifican el impuesto en estos casos.

Por otro lado, el Opaef está aplicando ese "criterio de prudencia" por la sentencia y, cuando se detecta que ha podido haber una devaluación, pide esas tasaciones, que sólo ha adjuntado el 5% de los que han presentado recursos. Otro 63% se limita a aportar las escrituras de compra y venta y el 32% no aporta documentación adicional, sólo deja constancia por escrito de la supuesta devaluación.

En cualquier caso, desde el organismo se insiste en que, mientras que no haya una nueva regulación de la que se lleva hablando meses, están obligados a seguir liquidandolo el impuesto, ya que lo hacen por delegación de los ayuntamientos y no pueden actuar de otra manera. Sí admiten que hay afectados que están recurriendo a los juzgados de lo contencioso-administrativo, con sentencias dispares. La situación de "inseguridad jurídica total y absoluta", señalan. Ello ha podido influir en que, al margen del aumento de los recursos, se hayan liquidado un 7,5% menos de plusvalías que en 2016 y se haya pasado de 7,2 millones de euros de cargo bruto en voluntaria a 5,5 hasta noviembre. En los años previos, sí había habido un incremento, por la recuperación de las transacciones tras la crisis.

"Hay mucha confusión", "el legislador no ha abordado el tema después de casi un año y debe dar una respuesta", subraya el gerente del Opaef, Juan Francisco González, que subraya que, pese a la publicidad de algunos despachos de abogados, la sentencia no establece un efecto retroactivo. En todo caso, tendrá que establecerlo el legislador, cuando aborde la nueva regulación.

En este sentido se han barajado varios borradores, en los que se ha apuntado que, para compensar la merma de ingresos, se iba a incluir el pago de las plusvalías los suelos rústicos, ahora exentos; o las transacciones que se producen dentro de un mismo año, lo que gravaría los movimientos realmente especulativos, porque la mayoría de las familias sólo compran o venden una o dos veces, como mucho, a lo largo de su vida. Ambas cosas se han descartado y todo apunta a que la plusvalía se seguirá aplicando sólo al suelo urbano y el cálculo de la base imponible se hará no sobre el valor catastral del suelo, sino sobre el valor de la adquisición y de la transmisión. Deberá concretarse en la ley. Por ahora, la confusión y la inseguridad siguen.