El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha citado a declarar el próximo día 19 de julio al teniente de alcalde de La Algaba, José Manuel Gutiérrez Retamino (PSOE) y al empresario taurino Manuel Jesús Martínez Enamorado -que comparecerá el 12 de julio-, en relación con la investigación abierta por un delito de cohecho vinculado a los contratos de la Feria de 2013. El juez investiga si el empresario pagó una mordida al responsable municipal a cambio de diversas contrataciones, y en el curso de la investigación también tomará declaración como testigos a los denunciantes: la concejal de IU María Isabel Fernández Ramos y a Patrocinio Carbonell Mateo, y al abogado José Manuel Carrión Durán.

Tras examinar el atestado del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF, el juez adoptó como primera diligencia la citación del empresario taurino para el mes de junio, pero la comparecencia tuvo que aplazarse en varias ocasiones por diversos motivos.

En marzo pasado, el instructor ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que requiera al Ayuntamiento de La Algaba los expedientes administrativos y los contratos relacionados con la supuesta mordida de la ferita taurina de 2013, una investigación que se abrió a raíz de una denuncia presentada y en la que se aporta una grabación de vídeo en la que el empresario habría reconocido que tuvo que pagar al primer teniente de alcalde del PSOE una comisión por lograr el contrato.

El juez trata de determinar si, como sostiene la denuncia, el empresario pagó una mordida por la organización de la feria taurina de 2013. En esa grabación aportada a la causa, el empresario habría reconocido supuestamente a dos miembros de IU que tuvo que pagar una comisión a cambio del contrato. Así, de los 56.000 euros que iba a percibir por la organización de la feria taurina, sólo habría cobrado 30.000 euros y el resto los tendría que haber repartido con otras personas.

En la conversación, el empresario también llega a afirmar que el sistema informático instalado en el Ayuntamiento es "pirata", a pesar de que se pagó entre 15.000 y 20.000 euros a la empresa concesionaria como si fuese original.

De la misma forma, da cuenta de que los terrenos del matadero de la localidad se entregarían a una constructora para hacer pisos de alta gama y dos de ellos debían ser para los testaferros del equipo de gobierno.

Se trata del segundo escándalo relacionado con el Ayuntamiento de La Algaba que se destapa en los últimos meses, después de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, decidiera abrir diligencias previas por la grabación del año 2012 del alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE), en las que aseguraba que concedió un contrato al padre de una compañera de partido porque le "salió de la polla", según recoge la grabación.