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Una terraza privada en el acerado

  • La Fiscalía de Sevilla se querella contra un grupo de vecinos de la calle Jacaranda que invadieron 42 metros cuadrados de suelo público para construirse un porche

La Fiscalía de Sevilla ha presentado media docena de querellas en los juzgados de la capital contra varios vecinos de la calle Jacaranda de La Algaba, a los que atribuye la presunta autoría de un delito contra la ordenación del territorio, por haber construido una terraza para sus viviendas ocupando 42 metros cuadrados de suelo público. El caso no tiene una gran trascendencia desde el punto de vista urbanístico, pero sí demuestra la forma de proceder del Ayuntamiento que, en primer lugar, amenazó con sanciones y órdenes de demolición de las terrazas y de los muros construidos, pero que después iniciaron un expediente de desafectación para poder vender de forma legal la zona usurpada a los vecinos.

Los hechos se remontan a marzo y abril de 2008, cuando todavía presidía el Ayuntamiento el alcalde José Luis Vega (IU) -que abandonó el cargo tras la moción de censura del pasado 21 de julio-, y un grupo de vecinos de la calle Jacaranda procedió a ocupar unos 42 metros cuadrados de la acera que está frente al edificio donde se encuentran sus viviendas. En ese suelo, los vecinos construyeron una terraza con solería y, para usarlo en exclusiva, levantaron un muro de fábrica de bloques de unos dos metros de altura, rematado con una reja de hierro, según fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Los vecinos realizaron esa construcción a pesar de que, en algunos casos, se le había denegado en octubre de 2006 la licencia para esa ocupación, a través de una resolución del concejal de Urbanismo. El área de acerado que han ocupado es un suelo de dominio y uso público, propiedad del Ayuntamiento de La Algaba, cuyo alcalde dictó una resolución el 18 de abril de 2008 en la que ordenó a los vecinos la suspensión inmediata de las obras y les instaba a la demolición de lo construido. La Fiscalía subraya que los vecinos desoyeron la orden y trataron de que se les concediera una licencia para dar cobertura a las obras realizadas, pero les fue igualmente denegada porque las construcciones eran incompatibles con el planeamiento y la naturaleza jurídica del bien público.

Sin embargo, el Ayuntamiento, para trata de dar "una solución política" al asunto puesto que los vecinos se negaban a restituir el suelo a su estado original demoliendo las terrazas, tramitó desde agosto de 2008 un expediente de desafectación de los terrenos invadidos, con la finalidad de declararlos como "parcela sobrante" y poder venderlo posteriormente a los vecinos, según refleja una de las querellas presentadas por la Fiscalía.

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