Los más de 150 ex trabajadores es de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por once municipios de Cádiz y Sevilla, han cobrado al fin sus indemnizaciones por despido y nóminas atrasadas, según informó ayer a Europa Press Manuel Ángel Caro, portavoz de la plataforma de afectados por la quiebra de la citada institución. Caro, de otro lado, avisó de que quienes no están cobrando sus indemnizaciones y conceptos atrasados son los ex trabajadores de Gesalquivir, la sociedad instrumental de la Mancomunidad.

Según Manuel Ángel Caro, los ex trabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, después de que su amplia deuda global fuese repartida entre los 11 municipios adheridos a este organismo, han cobrado por fin sus indemnizaciones por despido y nóminas atrasadas. Se trata, en concreto, de unos 150 trabajadores. No obstante, Caro avisó de que la antigua plantilla de la sociedad instrumental de la Mancomunidad, Gesalquivir, 36 trabajadores en concreto, "sigue sin cobrar" pese a que la Mancomunidad está siendo condenada, "con carácter solidario", en los juicios que se celebran por la vía Social a cuenta de la situación de este colectivo concreto de trabajadores.

"Aun así, no ha cobrado ninguno", lamentó el portavoz de la plataforma de afectados sobre la situación que sufren los trabajadores de la sociedad instrumental de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. En cuanto a los proveedores de la ya liquidada institución, autónomos y pequeñas y medianas empresas, Caro explica que, de momento, no hay "constancia" de que hayan cobrado.

El pasado mes de abril, el Pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir aprobaba definitivamente su expediente de liquidación con el voto favorable de los miembros del plenario pertenecientes al PSOE, IU-CA y el PA, toda vez que los representantes pertenecientes al PP, Roteños Unidos y el partido independiente de Sanlúcar de Barrameda se abstuvieron. El expediente en cuestión repartía entre todos estos municipios, siete de ellos de la provincia de Sevilla y cuatro de Cádiz, una deuda superior a los 42,6 millones de euros merced a su participación en la institución y otros aspectos como las deudas pendientes de pago entre los ayuntamientos y esta administración.

Tocaba así techo el conflicto derivado del colapso integral de esta institución que, a fecha de abril de 2013, contabilizaba un pasivo global de 52.204.879 euros, si bien esta cifra se redujo con medidas como el compromiso de la Junta de Andalucía de asumir el coste del sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija, pertenecientes a la mancomunidad.