La Diputación de Sevilla sigue haciendo cambios para corregir las anomalías que detectó la Cámara de Cuentas en la fiscalización de 2012 y le ha tocado el turno a la forma en la que realizan las transferencias a sus organismos autónomos y sociedades. El cambio se aprobó ayer en el Pleno por unanimidad. A partir de ahora, se hará una distinción entre las transferencias para gastos de estructura y las que tienen que ver con encomiendas de gestión de las distintas áreas. El informe de la Cámara de Cuentas cuestionaba el uso de "transferencias genéricas" para la financiación de gastos de explotación y conceptos específicos de las sociedades, porque en ninguno de los expedientes se acreditaba la "conveniencia u oportunidad de utilizar este procedimiento" frente a otras alternativas. Lo que se aprobó ayer fue una modificación de las bases del presupuesto 2016, para "racionalizar los expedientes" y "mejorar el control de la ejecución". Las transferencias serán trimestrales y se ha fijado un control en enero de la ejecución del ejercicio cerrado. El gobierno defendió que son de medidas que ya se venían estudiando.

Fue en una sesión en la que se debatió sobre el sentido de la propia institución tras el documento que firmaron por el PSOE y C's en Madrid para intentar formar un gobierno, que incluye la supresión de las diputaciones. Frente a ello, se aprobaron sendas mociones promovidas por el PSOE y por el PP a favor de las mismas y su modernización. El PP destacó su papel "vertebrador". El PSOE abogó por "reconocer" su valor para los municipios menores de 20.000 habitantes, y reclamó un "amplio consenso" para modificar la ley. Ambos grupos reprocharon a los diputados de Participa, Julián Moreno, y de C's, Javier Millán, favorables a la supresión, el que, siendo ediles de la capital, sean representantes en una institución en la que no creen y cobren por ello. Participa recordó que la Junta tiene delegaciones territoriales que, reforzadas, podrían suplir la Diputación. Millán apostó también por "pinchar la burbuja política" y crear "consejos provinciales de alcaldes". IU abogó por un modelo "comarcalizado", aunque sin reformas "exprés", porque las diputaciones "se han convertido en entidades generadoras de redes clientelares".