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Más de 50 de urbanizaciones ilegales buscan soluciones ante su "abandono"

  • El PP preguntará a Juan Espadas en el Parlamento sobre el futuro de unas 20.000 personas que viven en zonas sin abastecimiento de agua ni los servicios públicos

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El Grupo Popular en el Parlamento andaluz presentará una pregunta al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Espadas, para conocer el estado de las urbanizaciones ilegales "alarmando ante la preocupante situación que padecen 52 urbanizaciones en Carmona", explicó ayer el PP.

La parlamentaria del PP por Sevilla, Alicia Martínez, mantuvo un encuentro en la Cámara andaluza con el portavoz del Partido Popular en Carmona, Juan Ávila, y representantes de la Asociación de Urbanizaciones de Carmona (Asocurca), que le trasladaron la situación de "desamparo" y "abandono" en la que se encuentran las urbanizaciones irregulares. Según Martínez, "en estos momentos, el municipio de Carmona tiene una población censada de 28.000 habitantes pero, sin embargo, se habla de una población entre 20.000 y 30.000, casi el doble que la empadronada, que viven en 52 urbanizaciones ilegales pero que no están censados porque, entre otras muchas causas, no existen servicios públicos para cubrir sus demandas". Se trata de "miles de sevillanos que no tienen ambulatorio ni transporte y ni siquiera infraestructuras básicas como agua, telefonía o saneamiento, pero que sin embargo sí han recibido del Ayuntamiento licencias municipales y pagan los mismos impuestos que el resto de los carmonenses", criticó. La portavoz añadió que la urbanización de Las Monjas, con 187 viviendas, es "la punta de lanza del municipio, que lleva mucho tiempo luchando por un derecho básico como es el abastecimiento de agua que está generando problemas incluso de salubridad pública al tener que abastecerse de pozos afectados de barro de las inundaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento y la Junta les niegan este derecho, aunque les cobran la contribución urbana".

Martínez aseguró que las inundaciones de los últimos días en varias urbanizaciones del municipio como consecuencia del desbordamiento de los arroyos Santiche y Buena Esperanza, además de las producidas en el resto de la provincia, han puesto en evidencia la gestión de la Junta durante años al "permitir de manera irresponsable que se construyan viviendas en zonas inundables".

La parlamentaria incidió en que "lamentablemente, Sevilla es la provincia con un mayor índice de urbanizaciones ilegales tiene de Andalucía y cuya regularización debe ser una prioridad para el ejecutivo andaluz", advirtió.

El PP apuesta por que se legalice el máximo número de viviendas posibles.

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