Raquel Montenegro

En agosto de 2007 pinchaba una burbuja inmobiliaria que se había convertido en el principal medio de vida de los ayuntamientos. Conforme iba avanzando la crisis económica, la entrada de fondos disminuía: menos venta de suelo, casi inexistencia de las licencias de obra, menor recaudación de impuestos, caída de la participación en los ingresos del Estado. El anuncio por parte del Gobierno central sobre la imposibilidad de concertar nuevos créditos a partir de 2011 para los ayuntamientos más endeudados ponía la puntilla a muchos alcaldes, más en un año electoral. Con problemas para pagar las nóminas en muchos casos y los proveedores llamando a la puerta (o directamente manifestándose ante ella) para reclamar el cobro de sus deudas, los entes municipales de la provincia se emplearon a fondo a lo largo de 2010 en la búsqueda de fórmulas alternativas para captar ingresos. Y dieron con la fórmula mágica: el agua. El Ayuntamiento de Huelva fue pionero. El Consistorio había iniciado en 2009 una operación de ingeniería financiera para lograr fondos a través de su única empresa rentable, Aguas de Huelva.

La empresa tendría que abonar al Consistorio 26,5 millones de euros en concepto de concesión demanial de las conducciones que recorren la ciudad, a pagar mediante la petición de un préstamo. Al ser rechazado el crédito y en medio de una fuerte polémica política, el equipo de Gobierno popular dio una vuelta de tuerca y decidió vender (por 25 años) el 49 por ciento de las acciones y la gestión de su joya de la corona. Después de dos concursos, Aquagest Andalucía se hacía por 57 millones de euros con el servicio, salvando las cuentas del Ayuntamiento a cinco meses de las elecciones municipales. Otras operaciones en la capital, como la venta del aparcamiento de la Casa Colón por 7 millones o alquiler de las cubiertas de los edificios públicos para la instalación de paneles solares, otros 2 millones, sirvieron para combatir la sequía de ingresos en uno de los años más difíciles para el Ayuntamiento. Los consistorios de la provincia no quedaron a la zaga. Lepe y Moguer (PP), Bollullos (independientes) o Hinojos (IU) formalizaban en unos meses la concesión de sus servicios de agua a Aqualia. En paralelo, los alcaldes incluidos en la nueva Mancomunidad de Servicios (MAS, liderada por el PSOE) reclamaban a sus gestores ingresos similares a los recibidos por sus homólogos de otros partidos que habían optado por la concesión a entidades privadas: MAS solicitaba un crédito por unos 100 millones de euros que pagarían a sus 70 socios municipales por el mismo concepto de concesión demanial de las redes municipales de agua. Pero la administración local no fue la única en colgar el cartel de “se vende”. La falta de ingresos y los límites de endeudamiento impuestos para las comunidades autónomas llevaron a la Junta de Andalucía a idear su propia operación singular: se vendería a sí misma sus sedes administrativas para lograr liquidez, incluida la sede de la Delegación del Gobierno andaluz en Huelva. La Junta partía del polémico decreto de reordenación del sector público para autorizar la venta de bienes inmuebles a la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial (Sogefinpa) y la Empresa Pública de Gestión de Activos (Agesa), ambas pertenecientes a la Administración autonómica. Para su adquisición, ambas empresas recurrirían al endeudamiento sin tener que respetar el límite del 1,3 por ciento del PIB regional impuesto por el Gobierno a la autonomía. En total, saldrían a la venta 75 edificios en toda Andalucía por los que se esperaban obtener unos 800 millones de euros, siete de ellos en Huelva, desde la Delegación central de la calle Sanlúcar de Barrameda a la nueva de la calle Mozárabes. Un último recurso para mantener los presupuestos.